El Consejo Europeo empezará a revisar esta semana el grado de respeto al Estado de derecho que existe en cada uno de sus países miembros, atendiendo a factores como la independencia judicial, la pluralidad política, la libertad de prensa y respeto a las minorías.
Se trata de un ejercicio de vigilancia que responde a la intención de la UE de elevar el listón de exigencia en cuanto a valores y libertades fundamentales en su seno, tanto como criterio de admisión para nuevos países integrantes del club como para decisiones y gestiones internas.
En este sentido, en julio de 2020 y con respecto a las ayudas para paliar la crisis del coronavirus, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya vinculó la concesión de fondos europeos a este criterio, estableciéndolo como condición indispensable para aspirar a las ayudas comunitarias.
Bruselas aspira a que este mecanismo de control sea equiparable al llamado ‘semestre europeo’, en el que cada país rinde cuentas en el ámbito económico sobre su gestión financiera para evitar excesos que amenacen la estabilidad económica de la UE. Lo que este examen sobre el Estado de derecho pretende evitar es la degradación del funcionamiento democrático o la regresión de ciertas libertades en cualquiera de sus países miembros.
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