La Procuraduría de Juan Guaidó recuerda que los contratos petroleros que firma Nicolás Maduro son inconstitucionales porque no han pasado por la Asamblea Nacional que él mismo preside. Y apunta también que los inversores favorecidos por esos contratos tendrían que rendir cuentas, “incluso, ante el Derecho Internacional”. Todo un mensaje para Rusia.
Daniel Gómez / ALnavío
“Todos los contratos que transfieran directa o indirectamente derechos de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos a empresas privadas, suscritos por el régimen de Maduro, serán inconstitucionales”, señaló este jueves la Procuraduría de Juan Guaidó.
“No constituirán compromisos válidos del Estado venezolano”, agregó.
Esto es algo que ha adelantado el diario ALnavío. Las sanciones de Estados Unidos forzaron a Maduro a liberalizar el sector petrolero. De hecho, gracias a estos contratos el régimen pudo cerrar 2019 con una producción de 907.000 barriles de petróleo diarios en diciembre, cuando en septiembre la producción de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se situó entre 500.000 y 600.000 barriles diarios. Todos estos datos han sido confirmados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Los más recientes son de este jueves.
A consecuencia de la liberalización impuesta por Maduro -la cual nunca se aprobó en la Asamblea Nacional, por lo que es ilegal- las operaciones no son lideradas por PDVSA, sino por las multinacionales que cuentan con una participación de 30-40% de las empresas mixtas.
Entre las petroleras que estarían disfrutando esta liberación destacan empresas como la estadounidense Chevron, la española Repsol, y las rusas Gazprom y Rosneft. De hecho, esta última, la principal petrolera rusa, controla el 75% de la distribución del crudo venezolano, según el enviado especial para Venezuela de EEUU, Elliott Abrams.
“El interés de Rusia es ganar porcentajes en los campos petroleros”, dijo el diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, hace 10 días en rueda de presa.
“Estos acuerdos necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional, y por eso el reconocimiento de Rusia es sospechoso”, agregó.
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