La Comisión Europea propuso el miércoles una prohibición en la UE de los productos fabricados con trabajo forzoso con una legislación que se sumará a la presión actual de Estados Unidos sobre China, pero que probablemente cambiará antes de entrar en vigor.
El ejecutivo de la UE no nombra a ningún país en su propuesta, pero sigue a una petición del Parlamento Europeo de una ley de este tipo en junio que puso de manifiesto la preocupación por los derechos humanos en la región china de Xinjiang.
Los grupos de derechos acusan a Beijing de abusos contra los uigures, una minoría étnica mayoritariamente musulmana, en Xinjiang, incluidos los trabajos forzados masivos en campos de internamiento. Estados Unidos, que acusa a China de genocidio e introdujo en 2021 una ley que prohíbe ampliamente la importación de productos de Xinjiang. China niega los abusos en la región, un importante productor de algodón que también suministra materiales para paneles solares.
La propuesta de la UE destaca las 27,6 millones de personas que, según la Organización Internacional del Trabajo, realizaron trabajos forzados en 2021, un 11% más que en 2016. Algo más de la mitad se encontraban en la región de Asia-Pacífico, aunque el nivel más alto per cápita estaba en los estados árabes. El trabajo forzoso también es un problema en los países de renta alta.
La Comisión Europea propone que las agencias nacionales de los 27 miembros de la UE determinen si se ha utilizado trabajo forzado para fabricar un producto y publicaría las decisiones en un sitio web para orientar a las autoridades aduaneras. La prohibición debería aplicarse a todos los productos, incluidos los componentes, y a todos los niveles de producción, desde la extracción o la cosecha hasta la fabricación, así como a los productos fabricados en la UE y a las exportaciones de la UE.
La nueva ley podría no provocar grandes cambios en los flujos comerciales, pero aumentaría la presión sobre las empresas para que controlen las cadenas de suministro.
La diputada europea de los Verdes, Anna Cavazzini, acogió con satisfacción la amplia propuesta, pero expresó su preocupación por que los productos sólo se bloquearan al final de una investigación y dijo que la carga de la prueba no recaía en las empresas tras las acusaciones de trabajo forzado, como ocurre en Estados Unidos. Es casi seguro que el Parlamento Europeo y los Gobiernos de la UE modificarán la propuesta y tendrán que ponerse de acuerdo antes de que entre en vigor.
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