La Comisión Europa urgió este miércoles a Ecuador a intensificar su lucha contra la pesca ilegal, advirtiendo a Quito de que si no solventa los problemas detectados, prohibirá las importaciones de productos pesqueros ecuatorianos al bloque.
Bruselas detectó “deficiencias” que impiden a Ecuador garantizar que sus exportaciones a la Unión Europea (UE) provengan “de actividades de pesca ilegal”, explicó el comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella.
“Invitamos a las autoridades ecuatorianas a intensificar sus esfuerzos y a llevar a cabo las reformas necesarias para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR)”, agregó el comisario maltés.
La advertencia no es baladí. Las importaciones de productos pesqueros ecuatorianos se elevó en 2018 a unos 1.400 millones de dólares, lo que representa casi el 45% de sus importaciones al bloque, según datos de la Comisión Europea.
Y si Quito no despeja las dudas del ejecutivo comunitario, que emitió una “tarjeta amarilla”, sus productos pesqueros no podrán acceder al mercado de la UE, el mayor mercado mundial de importación de estos productos.
Vella expresó así la voluntad de “colaborar” con Ecuador, cuyas relaciones comerciales se rigen por un acuerdo de 2017. Bruselas se da seis meses para revisar su decisión, a la espera del resultado del diálogo con Quito.
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– “Graves deficiencias” –
Bruselas urge a Quito a crear un “sistema de garantía de cumplimiento y sanción” para combatir las actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, al considerar el actual marco jurídico “desfasado” y “obsoleto”.
“El sistema de sanciones no priva a los infractores de los beneficios derivados” de este tipo de pesca, “ni tiene efecto disuasorio”, explica el ejecutivo comunitario en un comunicado.
Ecuador enfrentaría además “graves deficiencias” en materia de control, especialmente respecto a la actividad de transformación del atún, agrega la Comisión, para quien todo unido socava la confianza en la legalidad de las capturas.
Desde 2010, la UE desarrolla un sistema de certificación de sus socios comerciales para garantizar que los productos no proceden de la pesca ilegal, en el marco de una acción mundial para una mejor gestión de los océanos.
De la veintena de procedimientos lanzados desde 2012, seis de ellos terminaron con una tarjeta roja y tres continúan vigentes. Los productos pesqueros de Camboya, Comoras y San Vicente y las Granadinas están sujetos así a restricciones.
En la mayoría de los casos, cuando la Comisión emite una “tarjeta amarilla”, el diálogo con los respectivos gobiernos permite despejar las dudas europeas como ocurrió con Panamá en 2014 o con Taiwán el pasado mes de junio.
Las capturas ilegales se elevan cada año a entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, lo que equivale a al menos el 15% de las capturas mundiales, según la Comisión Europea.
AFP
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