El jefe de Estado de Uruguay, Luis Lacalle Pou, despidió al ingeniero Guillermo Iglesias, quien ocupaba el cargo de presidente de Antel, la compañía estatal de telecomunicaciones del país.
El pedido de renuncia de Lacalle Pou al funcionario, quien estaba hacía dos meses en el cargo, se dio tras una crisis desatada por una resolución en la que se presupuestaba a 857 personas que estaban contratadas en régimen de función pública desde hace más de tres años, según consignó el periódico El País.
Esos empleados, detalló el diario, pasarían a ser funcionarios públicos con los mismos derechos que los demás presupuestados de la empresa. La resolución del 7 de mayo llevó la firma de Iglesias pero el presidente Lacalle Pou no estaba al tanto de la misma.
Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, explicó a La Diaria que se trata de funcionarios que ya estaban trabajando en Antel y que el año pasado no fueron presupuestados porque era un año electoral. Según Molina, una revocación de la medida que había adoptado Iglesias implicaría un incumplimiento del convenio colectivo.
Sin embargo, la resolución de Presidencia invoca el artículo 197 de la Constitución, que le confiere al Poder Ejecutivo, “cuando considere inconveniente la gestión o los actos de los Directorios de los servicios descentralizados”, la potestad de hacer las observaciones “que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados”. En ese artículo se basó el Ejecutivo para avanzar en su decisión.
Lacalle Pou también recordó en su resolución el decreto 90/020 del 11 de marzo de 2020, que exhorta a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, a los entes autónomos y a las intendencias a adoptar medidas “a fin de coadyuvar con el objetivo (…) de disminuir el déficit fiscal”.
Para el gobierno, la decisión de la directiva de Antel no tuvo en cuenta “la situación de elevado déficit fiscal, así como la presión tributaria que pesa sobre la población, derivadas del excesivo gasto público». Además, «compromete las bases de crecimiento de largo plazo, generando distorsiones que imponen la necesidad de implementar políticas destinadas a racionalizar el gasto público”.
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