Argentina comenzó este lunes una semana marcada por la disputa política, después de que la Justicia fallara el domingo contra la decisión del Gobierno argentino de cerrar las escuelas para frenar la covid-19, con la que el alcalde de la capital se había mostrado en contra.
A última hora del domingo, un fallo judicial de un tribunal de la ciudad de Buenos Aires ordenó que no se cierren las escuelas en este distrito, en contra del decreto que firmó el presidente, Alberto Fernández, la semana pasada, que suspendía las clases presenciales por 15 días en la zona metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la más populosa del país, debido a la aceleración de contagios de covid-19.
El AMBA está conformado por la capital del país, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, y unos 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, donde vive un 37 % de la población del país.
El fallo judicial -que argumentaba que el decreto presidencial avasallaba la autonomía de la capital para decidir sobre su sistema educativo- y el amparo que presentó la capital ante la Corte Suprema -que sigue su curso- agregaron un capítulo más a la disputa política entre el oficialismo peronista, representado por Fernández y Kicillof, y la oposición, representada por Rodríguez Larreta.
Y esa disputa se mezcla con el empuje de diversas asociaciones de padres y docentes para que no se suspendan las clases presenciales, así como con la división entre los gremios de docentes.
La nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires difieren en la estrategia para evitar la circulación de las personas.
REACCIÓN PRESIDENCIAL
El ministro de Justicia, Martín Soria, había calificado ayer la medida que desafía la decisión del presidente como un «mamarracho jurídico», al considerar que el decreto no dictaba medidas de política educativa sino «para preservar la vida de miles de argentinos».
«Ninguna decisión ha sido improvisada», se defendió este lunes Alberto Fernández en un acto donde anunció obras para reforzar el sistema de salud, y justificó las medidas «antipáticas» en el AMBA, «porque es allí donde una vez más aparece el epicentro del contagio».
«Son decisiones de política sanitaria, avaladas por los datos que la autoridad sanitaria» y «no escuchando a los políticos, ni siquiera leyendo encuestas», respondió a las críticas.
La decisión de Fernández había sorprendido a sus ministros de Salud y Educación, quienes defendían la presencialidad, pese a que el país atraviesa un vertiginoso aumento de los casos de covid-19 -acumula 2.694.014 de contagios desde el inicio de la pandemia y 59.228 fallecidos-, con creciente nivel de ocupación de camas en terapia intensiva en un contexto de demora en la campaña de vacunación.
GRIETA POLÍTICA
La incertidumbre de los padres de los niños de la capital el domingo por la noche se aclaró cuando Rodríguez Larreta anunció después de las 22.00 horas que hoy volvían las clases presenciales.
“La educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta”, dijo ayer Rodríguez Larreta a los medios, remarcó que sus decisiones se toman basados en evidencia -con base en los estrictos protocolos que a su juicio evitan los contagios en las escuelas-, y recordó el alto nivel de pobreza que hay en la infancia, para justificar la necesidad de preservar la presencialidad.
En la capital del país las escuelas que pudieron organizarse abrieron este lunes sus puertas y el resto tiene previsto hacerlo mañana. Mientras, y para mostrar su disconformidad con el fallo judicial, unos 6 sindicatos de los 17 de la capital iniciaron un paro de actividades, según el gremio UTE-Ctera.
Donde no hubo clases presenciales fue en el conurbano bonaerense (que depende de la provincia, gobernada por Kicillof), donde 3 millones de alumnos comenzaron la semana en la virtualidad.
Para lograr que también ahí las escuelas sigan siendo presenciales, padres y alumnos realizaron abrazos simbólicos a los establecimientos, donde, cubiertos con banderas argentinas, cantaban el himno nacional.
También padres y escolares se amontonaron en las puertas de la residencia presidencial, ubicada en la localidad bonaerense de Olivos, donde daban bocinazos y declaraban a los medios que los alumnos se pusieron a llorar cuando el presidente anunció que se suspendían las clases presenciales, la diferencia de calidad de las clases virtuales y la falta de conectividad que sufren muchas familias.
Sin embargo, el Gobierno de Kicillof ha advertido que habrá sanciones para los colegios que abran sus puertas en el conurbano.
Este lunes junto al presidente, el gobernador boanerense dijo que le parecía «repugnante» que «se use a la Justicia para perjudicar a quienes tienen que ser cuidados” y recordó que en otros 100 municipios de la provincia continuaban las clases presenciales.
EFE
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