«Vuelven antenas, ganchos de ropa, alambres y todo el mundo en señal abierta. Nos estamos viendo chévere», ironizó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al comienzo de la embestida bolivariana contra DirecTV , que finalmente terminó con su expropiación y el encarcelamiento de tres directivos principales. Muy pocos se rieron de su gracia.
La salida del aire de la operadora, perteneciente al gigante estadounidense AT&T, derivó posteriormente en su intervención estatal. Un nuevo dejá-vù revolucionario, con el grito de fondo de Hugo Chávez , el famoso «¡Exprópiese, exprópiese!» con la excusa de que «allí vivía Bolívar recién casado y ahora lo que están son negocios».
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a un poderoso coronel, Jorge Eliécer Márquez, como nuevo director que ya sueña con incorporar los restos de DirecTV a su Corporación Socialista de Telecomunicaciones. Su misión parece hoy imposible: el chavismo no puede restablecer un servicio que depende del satélite de AT&T. Las famosas expropiaciones chavistas no han llegado, al menos todavía, al espacio.
La historia se repite así en Venezuela , pese a que el tiempo fue demostrando que las nacionalizaciones que Chávez comenzó al calor de la bonanza petrolera son una de las principales claves de la debacle económica de Venezuela. Maduro continuó la obra del «comandante supremo» en condiciones muy distintas: poco quedaba por expropiar.
Las estadísticas del Observatorio de Gasto Público de Cedice (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico) y de la patronal Conindustria son aplastantes: en 21 años de revolución más de 5000 empresas fueron expropiadas, nacionalizadas o intervenidas por el gobierno; de ellas, solo sobreviven 3000, y la mayoría a muy duras penas. No se conoce un solo éxito económico entre todas.
«Sin duda se trata de un daño cuantioso a la economía nacional. Venezuela es hoy un cementerio de empresas, incluyendo las expropiadas en el sector petrolero, como Exxon Mobil y ConocoPhillips, que han ganado al Estado en los tribunales», precisa a LA NACION el diputado exiliado José Guerra, uno de los que investigaron en el Parlamento el gran lastre nacional de las expropiaciones. Una empresa quebrada tras otra a ritmo militar, encargados de la gestión de una buena parte de las expropiaciones.
En Caracas nadie duda de que el sistema eléctrico no sería tan débil si no se hubieran producido las expropiaciones de hace 13 años. Y ese sólo es uno de los casos.
«Venezuela es el peor ejemplo que existe en el mundo», resume Francisco Martinez, expresidente de la patronal Fedecámaras y buen conocedor de la política expropiatoria de la revolución. «El tema no es tanto las expropiaciones como su resultado, que es el cierre de las empresas. Los gobiernos que se apropian indebidamente de la propiedad privada terminan destruyendo la propiedad privada, pulverizando a las empresas y devastando al país. Un manejo irresponsable que va más allá al promover un marco legal que impide atraer inversiones y levanta un cerco legal a las empresas que no pueden expropiar. Les imponen unas camisas de fuerza que le impiden operar», sintetiza para LA NACIÓN.
Si algo sobra en Venezuela son los cadáveres de esta política, empezando por Agroisleña, cuya intervención y reconversión en Agropatria horadó profundamente la producción de alimentos. La empresa, creada por emigrantes españoles, comercializaba materiales, insumos y agroquímicos para el agro venezolano, incluso financiaba muchas siembras.
«Chávez tuvo dos etapas, la primera fue agrícola, pensó que iba a hacer una revolución agraria y expropió más de 5 millones de hectáreas, hatos, haciendas, complejos. Agroisleña era la principal proveedor de semillas, una especie de banco agrícola sin ningún tipo de compensación», explica Guerra. Valorada en 450 millones de dólares, sus propietarios no fueron indemnizados.
Cuando el gobierno se quedó con Hacienda Bolívar abastecía parte del mercado de carne con su ganadería. Hoy sólo quedan sombras. Kelloggs, Aceites Diana, casi todos los centrales azucareros, Lácteos Los Andes, el 60% de los bancos del país, Conferrys para transporte marítimo. La lista es tan larga que haría falta un periódico entero para describir todas las vicisitudes vividas.
La gran paradoja bolivariana, que siempre la hay, es que las primeras expropiadas internacionales resultaron beneficiadas a la vista de la actual situación. «En Venezuela muchas empresas grandes y medianas fueron expropiadas. CANTV (teléfonos), Electricidad de Caracas, Cementos, Sidor (una de los complejos siderúrgicos más grandes de América Latina), Banco de Venezuela y pare de contar. Y los dueños de entonces están ahora aliviados de haber sido expropiados, porque esas empresas no valen nada hoy en día. En su momento les pagaron cantidades razonables, pero no a todos», describe a LA NACION el economista Urbi Garay.
Venezuela cuenta hoy con una base industrial del 20% y 30% la capacidad instalada del país, pero las operaciones en estas son un 60% menos. «Son niveles muy precarios. La expropiación es la peor ruta y nada que se parezca a Venezuela y que se quiera replicar es un buen ejemplo», sentencia Martínez.
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