La desmovilizada guerrilla de las FARC, convertida en partido político, pidió «perdón público» a las víctimas y a los familiares de las personas que secuestró y aseguró que se arrepienten del dolor causado.
«Hoy, 14 de septiembre de 2020, reunidos quienes conformamos el antiguo Secretariado de las FARC-EP y quienes firmamos en 2016 el acuerdo de paz, estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias», dice una declaración firmada por ocho antiguos miembros del secretariado de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, su último jefe.
El documento agrega que «después de haber silenciado para siempre nuestros fusiles; en el sosiego de la vida civil que nos ha permitido la reflexión profunda sobre la guerra en la que participamos y fuimos protagonistas por más de 50 años, queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos».
El documento lleva las firmas del actual senador por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) Julián Gallo, de Jaime Alberto Parra, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres, Milton de Jesús Toncel Redondo, Juan Emilio Cabrera y Rodrigo Granda.
Los firmantes señalan que entienden el dolor causado a las familias «que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos, imaginando si estarían sanos y en qué condiciones estarían siendo sometidos a seguir la vida».
HERIDA PROFUNDA EN LA SOCIEDAD
Los miembros de la FARC reconocen que el secuestro «sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad».
Igualmente dicen sentir «vergüenza» por no haber escuchado al niño Andrés Felipe Pérez, quien murió a causa de un cáncer en 2001 sin poder reunirse con su padre el cabo de la Policía José Norberto Pérez, quien estaba secuestrado por la entonces guerrilla de las FARC, pese a que el menor les imploró varias veces que le permitieran verlo.
«Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando reencontrarse con su padre. No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados», añade el texto.
El documento añade que reiteran el compromiso de responder a la justicia a «dar las explicaciones de los por qué y los cómo» ocurrieron los secuestros.
También dicen estar comprometidos «con la sociedad colombiana, que hoy más que nunca reclama justicia y verdad por tanta violencia, a invertir cada día del resto de nuestras vidas en recomponer el mapa de los desaparecidos y buscar sus restos para entregarlos a sus seres queridos».
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado en Colombia, abrió en 2018 el llamado «Caso 01», sobre los secuestros cometidos por la antigua guerrilla y como parte de ese proceso sus líderes presentaron el año pasado una «versión colectiva escrita» de lo sucedido.
No se sabe cuántas personas fueron secuestradas durante décadas por las FARC, pero con motivo de las audiencias del «Caso 01», la Procuraduría General (Ministerio Público), divulgó un informe según el cual al menos 522 personas murieron estando cautivas por esa guerrilla.
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