Para hablar del proceso que llevó al acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC basta referirse a los diálogos de La Habana, la capital cubana que albergó por años esa negociación. En contraste, la mesa que se iniciará el lunes en Caracas entre las delegaciones del Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no tiene todavía un anclaje geográfico tan firme. Las sedes de las conversaciones con la última guerrilla activa en Colombia –que nació hace más de medio siglo bajo el influjo de la revolución cubana– suelen ser algo más complejo de definir.
Por El País
El jefe de la delegación del Gobierno, como lo adelantó EL PAÍS, es Otty Patiño, un exguerrillero del M-19, el mismo grupo en el que militó Petro en su juventud. Lo acompañan otras figuras cercanas al presidente como los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro. También, en una sorpresa de último minuto, José Félix Lafaurie, el representante de los ganaderos. Por el ELN, están viejos conocidos como ‘Pablo Beltrán’ y ‘Aureliano Carbonell’. Los demás detalles, incluyendo los lugares que albergarán los demás ciclos de diálogos, están por definirse. Venezuela es apenas el punto de partida, no una sede permanente.
El ELN, inspirado también por la teología de la liberación, tiene por primera vez como contraparte a un gobierno de izquierdas. Petro retoma el proceso que había puesto en marcha el Gobierno de Juan Manuel Santos, suspendido durante el cuatrienio de Iván Duque, y su equipo ha insistido en que el diálogo actual es una continuación de la negociación con Santos. Desde ese entonces se contemplaba una sede rotativa entre varios países. En los dos casos ha contado contar con amplio respaldo de la comunidad internacional.
Esa agenda original se divulgó también en Caracas, en marzo de 2016, y las conversaciones se iniciaron a comienzos de 2017 en una antigua hacienda tabacalera en los alrededores de Quito –postergadas por un tire y afloje en torno al tema del secuestro–. Los acercamientos con el ELN suelen tener un fuerte componente internacional, y en aquel entonces la fase pública de conversaciones que comenzó en Ecuador tenía la premisa de que las sesiones de trabajo también podían tener lugar en Brasil, Venezuela, Chile o Cuba –además de contar con Noruega como país garante–. Después se trasladaron a La Habana.
“No hay proceso con el ELN sin acompañamiento internacional”, afirma la periodista María Alejandra Villamizar, quien fue miembro de la delegación del Gobierno en Quito. Es una tradición creada a lo largo de los muchos acercamientos de la guerrilla con distintos gobiernos colombianos en lugares tan distantes como Caracas y Maguncia, en Alemania. Las sedes en otros países, entre otras, permiten que mucha gente visite a los delegados, una comunicación más fluida con la sociedad civil que es un punto en el que siempre ha insistido el ELN. La idea de retomar la rotación podría llevar los nuevos diálogos a Noruega o Cuba. “No descarto que en algún momento la mesa llegue a Colombia, o a lugares cerca de la frontera [con Venezuela]”, señala Villamizar.
“Al ELN se le nota una especie de fascinación por el roce con la comunidad internacional que les proporciona el marco de unas negociaciones públicas”, observa Juan Camilo Restrepo, el primer jefe negociador del Gobierno en esos diálogos, en sus memorias Cuatro crisis que marcaron a Colombia (Planeta, 2022). “Consideran supremamente apetecible el trato con embajadores, con agencias internacionales y con medios de comunicación nacionales o extranjeros. Ello se explica quizás por los largos años de sequía mediática y de alejamiento internacional en que los ha sumido su interminable trasegar terrorista”, escribe.
Aunque por razones de logística no tiene mucho sentido ir cambiando de sede, pero por razones políticas puede que sí, apunta Angelika Rettberg, profesora de la Universidad de Los Andes que es experta en resolución de conflictos armados y quien también estuvo en la mesa con el ELN. Las partes necesitan confidencialidad y facilidades para hablar en un espacio protegido, que podría ser incluso en Colombia. Pero las sedes, explica, “dicen algo sobre el compromiso político de los actores internacionales que acompañan, y también de las partes, que quieren ver involucrados a ciertos actores”.
El proceso arrancará en el mismo punto en el que se detuvo a principios de 2019, cuando Duque lo dio por terminado después de que el ELN hizo estallar un carro bomba en una escuela de cadetes en Bogotá, un atentado que dejó 24 muertos. La ruptura trajo profundas repercusiones diplomáticas, con alto costo para La Habana. Duque desconoció los protocolos firmados por las partes, lo que dejó en el limbo a la delegación del ELN que se encontraba en Cuba. La isla se negó a extraditarlos, lo que provocó años de hostilidad desde Bogotá. Cuando el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos designó a Cuba como un “Estado patrocinador del terrorismo”, en enero de 2021, justificó su decisión en los reclamos de Duque. “Tristemente se sentó un muy mal precedente, que va a hacer que los países lo piensen mucho más antes de asumir ese compromiso y van a exigir muchas mejores garantías”, apunta Rettberg.
Las dificultades para echar a andar una negociación han quedado en el pasado. La pregunta sobre las sedes no. Hay que esperar que se reúnan el lunes las dos delegaciones, aseguran fuentes oficiales enteradas del proceso, pues la decisión será bilateral. Nada está definido aún sobre dónde serán los primeros ciclos y cuáles, si las hay, las otras sedes. Es probable que se mantenga el principio de rotarlas, aseguran. Por lo pronto hay tres países garantes: Cuba, Venezuela y Noruega. Los gobiernos de Chile y España han ofrecido su territorio como una alternativa, pero esa posibilidad se antoja más lejana. Las sedes definitivas de los diálogos siguen de momento teñidas de indefinición.
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