Más sectores se unen a las manifestaciones contra el golpe, mientras el ejército continúa con los arrestos y crece la preocupación entre los rohingyas
Dos semanas antes del golpe de Estado de los militares en Birmania, el Gobierno electo presentó una serie de objeciones en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya para retrasar el proceso en el que está inmerso por los cargos de genocidio a la minoría rohingya. Un año antes, Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido que estaba en el poder, se personó en La Haya para defender la actuación del ejército y negar las acusaciones de genocidio.
Lucas de la Cal | El Mundo. es
Para Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991, fue un «conflicto interno» lo que ocurrió en 2017, cuando los militares birmanos, según las pruebas presentadas por los investigadores de la ONU, persiguieron, asesinaron, quemaron sus casas y expulsaron a más de 700.000 rohingyas del estado de Rakhine.
Suu Kyi no se atrevió a condenar en público la represión del Tatmadaw, como se conoce al ejército liderado por el general Min Aung Hlaing. Al final, la estructura cuasi democrática de país que dirigía dependía de vivir en connivencia con los mismos militares que la mantuvieron presa durante 15 años. El Ejército controlaba una cuarta parte de los escaños en el Parlamento birmano y ministerios clave como el de Defensa.
Lo paradójico ha sido que esos soldados que Suu Kyi protegía y justificaba, han acabado tomando el poder, derrocando y encarcelando a un Gobierno que logró una mayoría absoluta en las pasadas elecciones de noviembre. Al frente de la nueva junta militar está además ese general, Min Aung Hlaing, que fue sancionado hace dos años por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su papel al mando de la persecución de los rohingyas.
Incluso el nuevo líder del país del Sudeste Asiático tiene una causa abierta en Argentina por «crímenes de genocidio», según ha desvelado esta semana el abogado Télam Tomás Ojea, ex relator de la ONU para Birmania. «Se presentaron cinco mujeres que fueron violadas en manada en un pueblo en el estado de Rakhine frente a sus hijos y esposos que luego fueron asesinados», contó Ojea.
Tras el golpe de Estado del pasado lunes, la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP) dice que 147 personas han sido arrestadas: legisladores del gobierno de Suu Kyi, activistas y funcionarios. Poco a poco, desde que se decretara el estado de emergencia, varios grupos se han ido sumando a los llamamientos de desobediencia civil con protestas pacíficas contra la nueva junta militar.
Los primeros fueron los médicos de un centenar de hospitales públicos, que se negaron a trabajar bajo el control de los militares. Ayer se sumaron estudiantes, profesores, abogados, colegios de ingenieros y sindicatos de agricultores. «Viva Madre Suu (Aung San Suu Kyi). No queremos una dictadura militar», gritaban esta mañana los alumnos y profesores de la Universidad de Educación de Rangún, la ciudad más grande del país.
El Consejo de Seguridad de la ONU sacó el jueves un comunicado subrayando «la necesidad de defender las instituciones y los procesos democráticos». Sin embargo, no se ha atrevido a condenar directamente el golpe militar tras el veto del uso de ese término de dos de sus miembros, China y Rusia. Más contundente ha sido Estados Unidos, donde Joe Biden dijo ayer que el Ejército birmano «debía dimitir» y que su administración estaba considerando una orden ejecutiva para imponer sanciones.
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