El líder del Hezbolá en Líbano, Hasan Nasrallah, advirtió el sábado contra la «politización» de la investigación sobre la explosión letal del año pasado en el puerto de Beirut y negó las acusaciones de que el movimiento chiita esté implicado en el traslado del fertilizante explosivo en el puerto.
AFP
Los libaneses conmemoraron el miércoles el primer aniversario de la explosión, que causó 214 muertos en un tragedia cuyos culpables siguen sin ser juzgados y fustigaron la impunidad de los políticos.
En las últimas semanas, detractores del Hezbolá le acusaron de estar implicado en el almacenamiento en el puerto de Beirut del nitrato de amonio que causó la explosión, y que iba a ser transportado a Siria para fabricar bombas para el régimen de Damasco durante la guerra civil.
En un discurso televisado, Nasrallah desmintió estas acusaciones y las tildó de «fabricadas» y «ridículas». Estas acusaciones son un «ataque político pagado por Estados Unidos y Arabia Saudita al servicio de Israel», fustigó.
«Como si el Hezbolá, que tiene armas y cohetes (…) necesitara importar nitrato. Como si, con sus almacenes que pueden guardar decenas de miles de cohetes, no tuviera almacenes para guardar el nitrato», declaró el jefe del poderoso movimiento chiita apoyado por Teherán y considerado por Washington como una organización «terrorista».
Pese a la dimensión del drama que impactó a todo el mundo, la investigación local sobre la explosión del puerto no ha llegado a ninguna conclusión ni se ha juzgado a ningún culpable, pese a que antiguos ministros que están en la mira de la justicia.
La clase dirigente está acusada de poner palos en las ruedas de la investigación y evitar acusaciones, refugiándose en la inmunidad parlamentaria.
En su discurso, Nasrallah instó al juez de la investigación de la explosión a que ofrezca pruebas que sustenten su decisión de convocar a algunos responsables del movimiento para interrogarlos. «¿Dónde están las pruebas?», se preguntó, e instó al juez Tarek Bitar a que comparta sus conclusiones.
«La investigación está politizada», zanjó.
Tras rechazar de plano una investigación internacional, las autoridades libanesas despojaron de sus funciones al primer juez encargado del caso, Fadi Sawan, tras la inculpación de algunas autoridades.
Su reemplazante, Tarek Bitar, también se enfrenta al rechazo del Parlamento de retirar la inmunidad a algunos de sus miembros sospechosos de estar implicados.
El juez solicitó la suspensión de la inmunidad de tres antiguos ministros, sin resultados.
El ministro del Interior tampoco ha autorizado al juez a que interrogue al director de la Seguridad General, Abbas Ibrahim, sobre la explosión.
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