.- El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, enfrenta desde este lunes un juicio por el presunto delito de instigación pública, a raíz de un llamado que hizo en 2019 durante las protestas contra un acuerdo del Gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«El juicio es eminentemente político-ideológico. Buscan mi crucifixión. Estoy completamente tranquilo, estoy en paz. No tengo ni les tengo miedo, estoy con la moral al tope», dijo Vargas en un mensaje enviado a los medios de comunicación tras el inicio del juicio.
El líder sindical calificó este día como «histórico» porque, a su juicio, «está en juego el Estado social de derecho y la preservación de las garantías sociales».
Vargas, uno de los principales líderes sindicales del país, fue denunciado por la abogada Gloria Navas; acusación a la que luego se unió la Procuraduría General de la República por el delito de instigación pública, que en el país se castiga con una pena máxima de 4 años de prisión.
La denuncia fue presentada a raíz de unas declaraciones del sindicalista durante las protestas de 2019 en las que hizo un llamado a bloquear las carreteras y las fronteras.
El sindicalista dijo este lunes que está en el juicio porque «así lo decidió (el presidente) Carlos Alvarado, quien metió a la Procuraduría en esto, el propio Ministerio Público y un grupo de personas dirigidos por Gloria Navas y un señor abogado que se caracteriza por sus posiciones anti sindicales que se llama Rubén Hernández».
Las protestas del 2019 fueron lideradas por un grupo autodenominado Rescate Nacional, que contó con el apoyo del sindicalista, y tuvieron episodios de violencia entre manifestantes y policías en diversas zonas del país donde se llevaron a cabo bloqueos de carreteras, de fronteras y de otras zonas estratégicas del país.
Los manifestantes se oponían a una negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional que pretendía financiamiento bajo el requisito de aplicar un ajuste fiscal y recorte del gasto público.
La negociación fue descartada por el Gobierno ante el poco apoyo político con el que contaba, pero en 2020 negoció uno nuevo con el FMI que posteriormente fue aprobado por el Congreso. EFE
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