No más de 20 diputados ni menos de 10. Ese es el número de parlamentarios que se necesita en Chile para iniciar una acusación constitucional contra un ministro o el mismísimo presidente.
Por José María del Pino | Clarín
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El mecanismo es el único en este país de naturaleza jurídico-política (juicio político) y es la única alternativa de destitución que tiene el Congreso Nacional. Hace dos semanas, 10 diputados, mayoritariamente del opositor Frente Amplio chileno, activaron el mecanismo contra el presidente Sebastián Piñera.
El miércoles, pocas horas antes de que venciera el plazo estipulado, el mandatario presentó ante el Congreso los argumentos de su defensa, en un documento de 155 páginas. El gobierno apuesta a que el pedido no prospere, ya que la oposición no lograría reunir los votos necesarios en el Parlamento.
Clarín tuvo acceso al documento de 155 páginas con el que Sebastián Piñera se defiende de los cargos que se le imputan. El texto señala que la acusación “no es admisible” porque no cumple el requisito de “ser de carácter excepcional”. Así, se señala que “utilizar la Acusación Constitucional, en este escenario, implica una banalización de este instrumento y podría significar un grave atentado contra la gobernabilidad del país, paralizando la atención de los altos mandos”.
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