Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, considera que lo vivido puede ser el inicio de una conflagración nacional y pide iniciar el diálogo desde allí para evitarlo
Sentado en la mesa de una terraza, un hombre con camisa de lino experimenta un momento de paz. El sol le baña el rostro y por unos segundos entrecierra los ojos. Cuando los vuelve a abrir, la ciudad tropical de la que Jorge Iván Ospina es alcalde, Cali, la tercera de Colombia con 2,2 millones de habitantes, continúa fuera de control. El paro nacional por una subida de impuestos ha sido aquí más violento que en ningún otro lugar del país. La policía ha reprimido las protestas en los barrios más pobres. En esos enfrentamientos han muerto seis jóvenes, algunos tiroteados por los agentes.
La furia se ha extendido por toda la ciudad, que está bloqueada en muchos de sus puntos. En un viaje en coche se suceden las barricadas y los retenes. El precio de los alimentos se ha disparado. Hay saqueos en comercios y gasolineras. La policía ha perdido casi por completo el control de las calles, donde se empieza a ver a civiles armados disparar contra manifestantes, lo que aviva el fantasma del paramilitarismo.
Ospina (55 años) es hijo de Iván Ospina Marina, fundador del M-19, una guerrilla urbana de los años ochenta. Ambos charlaban en casa cuando unos militares entraron por sorpresa y mataron al padre. Ospina hijo es miembro del partido verde, una formación con vocación pacifista. “No me viene bien este sol tan espléndido”, arranca el alcalde la conversación, que se produjo el viernes en un hotel del centro de la ciudad.
Pregunta. ¿Por qué?
Respuesta. En Cali nosotros salimos siempre a bailar. Nos encanta. Menos cuando llueve. En la pandemia tuvimos a la gente encerrada un año. Era una contradicción que la gente ve superficial, pero que yo no la puedo ver superficial. Le apostamos a reducir las infecciones y no entendimos lo que es el encierro para un joven caleño. Tal vez para un joven de Escocia el encierro es otra cosa.
P. ¿Considera que ese es un factor importante de la movilización?
R. Todo suma. Yo creo que la psique colectiva está anormal, producto de las decisiones tomadas durante un año de pandemia. Tener a los jóvenes encerrados, cerrar la fiesta como actividad de encuentro, cerrar la danza, el baile, es un componente que está ahí.
P. ¿Y cuál más?
R. Hay conflictos de nuestra sociedad no resueltos en el 2019 [cuando hubo otras protestas sociales]. La exclusión de los muchachos, las dificultades para la salud, el deporte, el trabajo. Pero además yo tengo un fenómeno muy berraco [fuerte, complicado]. A tan solo una hora de Cali están los cultivos de hoja de coca más grandes del planeta tierra. ¡80.000 hectáreas de coca! Y creo que hay un conflicto armado no resuelto, que el Estado trató de resolver y no resolvió. Todo eso es una bomba molotov. Mucha gente se me ha muerto.
P. Las cifras son muy confusas. ¿Cuántos muertos ha habido en una ciudad donde se han visto escenas de guerra urbana?
R. Como hemos estado bajo la guerrilla, bajo el narcotráfico, el irrespeto a la vida es muy berraco. Hoy, en los escenarios donde se desarrolló esa guerra (dentro de las protestas), tenemos siete muertos.
P. Incluido un familiar suyo.
R. Sí, Nicolás, un primo. Venía caminando cuando lo hirieron en la cabeza.
P. Ahora mismo las autoridades no tienen el control de la ciudad.
R. Por la magnitud del conflicto, tengo 41 estaciones del sistema de transporte incineradas. Tengo 36 supermercados saqueados, 11 buses incendiados y 51 entidades financieras vandalizadas. Imagínate. Esto es una locura, mano.
P. ¿Quién toma las decisiones ahora mismo en la ciudad? ¿Usted o el general Eduardo Zapateiro [enviado desde Bogotá para sofocar la revuelta]?
R. En Colombia hay una vaina que es un contrasentido. La Constitución dice que los alcaldes son los jefes de policía, pero el alcalde no coloca al comandante de la policía, el alcalde no paga al comandante. Cuando a un policía lo llama el general de rango superior deja al alcalde tirado y sale corriendo para allá. Por tanto, ahí hay un contrasentido entre lo que dice la Constitución y cómo se ejecuta. Un comandante del Ejército tiene mucha más capacidad política que un alcalde.
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