La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concluido este martes en un informe que las fuerzas de seguridad actuaron «de manera desproporcionada» y hubo un «uso excesivo de la fuerza» por parte del Estado durante las protestas en octubre de 2019 en Chile por el alza del precio del transporte público.
«Dicha actuación resultó en un alto número de violaciones a Derechos Humanos. Entre ellas se destacan violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, y a la libertad de las personas manifestantes, así como otras situaciones que pusieron en riesgo la protesta social y a las personas manifestantes», recoge el informe.
En este sentido, ha condenado la violencia «de manera enérgica» y ha hecho un llamamiento al estado a seguir adoptando «medidas inmediatas» por medio de cambios en la cultura institucional, para evitar la repetición de estos hechos.
«El accionar de los Estados democráticos debe considerar que las protestas no constituyen una amenaza al orden público. Estas fortalecen la participación política y la construcción de mayores niveles de participación ciudadana», ha resaltado.
El organismo ha instado a las autoridades chilenas a «garantizar el derecho a la reparación integral de forma efectiva y oportuna a las personas que sufrieron violaciones de Derechos Humanos, así como a sus familiares».
Las movilizaciones estallaron en 2019 y se mantuvieron constantes durante varios meses. Las demandas de los manifestantes escalaron rápidamente, siendo una de las principales la redacción de una nueva Carta Magna, ya que la vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet, que cayó en 1990.
El Gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones, no escuchó las demandas de los ciudadanos en un primer momento, mientras el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente los Carabineros, fue especialmente criticado por el uso excesivo de la fuerza.
Con respecto a la violencia ejercida por los manifestantes, la CIDH ha explicado que varios grupos atacaron espacios privados, de
culto e infraestructura pública, y de medios de comunicación y ha condenado «todo acto de violencia»: «La protesta social es legítima en tanto en cuanto se desarrolle de forma pacífica».
En este sentido, ha hecho un llamamiento especial al Estado «para investigar y sancionar los actos de violencia cometidos por personas en el marco de las protestas en contra de carabineros y personas terceras».
Asimismo, el organismo ha dado la bienvenida a soluciones que ayuden en el marco de los Derechos Humanos, como el proceso constituyente que se lleva a cabo en Chile.
«La Comisión resalta que el Estado de Chile y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de todos los derechos para todas las personas», ha trasladado.
Sin embargo, ha advertido de que las leyes ‘per se’ no cambian las culturas, por lo que ha animado al Estado a «aplicar, de manera práctica y efectiva, las ideas de la nueva Constitución, de forma que se genere un proceso de transición cultural hacia el cumplimiento oportuno, eficiente y en el más alto nivel de los estándares internacionales de Derechos Humanos».
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