En menos de dos años, las sanciones emitidas por Estados Unidos han complicado y casi desmantelado el marco financiero que construyó el régimen de Ortega con fondos venezolanos, sin control estatal. Sus principales negocios y las instituciones que han utilizado para mover su capital ahora están contaminados y sin duda, con ello, también se ha visto afectada su estabilidad económica.
Por Primer Informe
El 29 de enero de 2019, el Gobierno de Estados Unidos anunció que Alba de Nicaragua (Albanisa) había sido golpeada por las sanciones impuestas a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), dueña del 51 por ciento de las acciones de la empresa de capital mixto, que han funcionado como paraguas para innumerables empresas privadas, desde que se firmó un convenio de cooperación entre Nicaragua y Venezuela en 2007, prometiendo beneficios bidireccionales y proyectos que se vendieron como emblemáticos, pero nunca vieron la luz.
Se estima que la cooperación petrolera con Venezuela ha permitido el ingreso de más de cuatro mil millones de dólares, los cuales han sido manejados de manera discrecional.
Ese fue el inicio de una cadena de sanciones que golpearía las finanzas del régimen de Ortega. El economista Róger Arteaga explica que la estrategia del Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido clara desde el principio, apuntar a los negocios de la familia presidencial.
“Socavar el esquema financiero de la familia Ortega-Murillo”, dice Arteaga que ha sido el fin de la estrategia de la administración Trump.
Solo en 2019, las sanciones afectaron a Albanisa, el Banco Corporativo (Bancorp) y el negocio de combustibles, a través de la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP). En total, nueve empresas han sido sancionadas: la empresa de Zanzíbar, los Servicios de Protección y Vigilancia (El Goliat), Difuso Comunicaciones y Mundo Digital y la Caja Rural Nacional (Caruna), este pasado viernes.
Primer golpe: Albanisa
Pero, ¿cómo han afectado las sanciones de Estados Unidos a los principales negocios del régimen de Ortega? Empecemos por Albanisa. Seis meses después de las sanciones, la empresa que se había posicionado desde 2009 como el principal importador de fuel oil, derivado del petróleo utilizado para generar electricidad, dejó de importarlo.
Estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (Minas) sobre importaciones de petróleo de enero a septiembre de 2019 indican que Albanisa solo importó cien mil barriles de Gas Licuado de Petróleo (GLP), equivalentes a US $ 2,87 millones de dólares.
Las sanciones también profundizaron la debacle de las exportaciones, que ya venían por mal camino desde 2014, como consecuencia de la situación económica que atravesaba Venezuela. A ese mercado se envió leche, carne, frijoles y café, que en su mejor momento, en 2012, logró ventas por 444 millones de dólares.
Las sanciones contra Albanisa desmantelaron por completo Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa), el brazo exportador de la dictadura y a través del cual controlaba los negocios comerciales entre Venezuela y los empresarios nicaragüenses.
Tal ha sido el impacto de las sanciones, que Venezuela pasó de ocupar el segundo mercado más importante para Nicaragua y para el 2019 los envíos se redujeron prácticamente a cero, tendencia que continúa hasta la fecha.
Segundo Golpe: Bancorp
Para el economista Enrique Sáenz, todas las sanciones han significado golpes, algunos de mayor magnitud que otros. Tres meses después de las sanciones a Albanisa, el Departamento de Hacienda sancionó a Banco Corporativo SA. (Bancorp), este se indicó haber sido “creado como una subsidiaria del gobierno venezolano y fundado en 2014. Bancorp es el banco utilizado por el régimen de Ortega para lavar dinero de Albanisa. Bancorp es utilizado por el presidente Ortega para lavar dinero del Frente Sandinista de Liberación Nacional ”, dice el comunicado.
Poco antes de la sanción, Bancorp trató de desvincularse de Albanisa y PDVSA, pero fue en vano. El 17 de abril fue designado junto a Laureano Ortega, hijo del matrimonio presidencial, “por estar involucrado en una vasta red de corrupción”.
Según Sáenz, la sanción a Bancorp significó que «cortaron una rama de gestión financiera del conglomerado empresarial y la transferencia de fondos». Al no tener ese “brazo” ya no existe un instrumento que facilite centralizar fondos, canalizar créditos y relacionarse a nivel internacional.
El Banco manejó cerca de US $ 2.550 millones de dólares correspondientes a seis fideicomisos a fines de 2018, según una auditoría de la firma británica Moore Stephens, que regresó a Caruna antes de que las sanciones llegaran a Bancorp, en un intento de descontaminación, que no funcionó.
El régimen buscó proteger al banco y ordenó al Estado comprarlo por 743,05 millones de córdobas (unos US $ 23 millones de dólares) del Presupuesto General de la República, a pesar de que la operación fue aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por Ortega, nunca se publicó en La Gaceta, la Gaceta oficial. La sanción provocó la disolución del banco.
“Habiendo cortado ese brazo financiero una vez más expuso esta centralización que habían hecho con los activos de Caruna”, explicó Sáenz.
Tercer golpe: DNP y Zanzibar
El tercer fuerte golpe llegaría el 12 de diciembre de 2019. La empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) junto con Inversiones Zanzíbar fueron sancionadas por controlar, financiar y lavar dinero del régimen de Daniel Ortega.
Investigaciones periodísticas de LA PRENSA revelaron que los combustibles se habían convertido en uno de los principales negocios del régimen de Ortega. Antes de la sanción, DNP era el principal importador de derivados del petróleo. Dos días después de la sanción, el régimen nacionalizó, mediante una ley enviada con urgencia a la Asamblea, los inventarios de combustibles de la empresa, con el objetivo de evitar un desabastecimiento.
Aún se desconoce qué empresa maneja estos inventarios, pero lo cierto es que las sanciones provocaron el cierre repentino de varias gasolineras. Durante más de seis meses, 15 estaciones del DNP han estado fuera de operación por presunto mantenimiento, pero en todo este tiempo no se ha observado ningún tipo de movimiento relacionado con el mismo.
LA PRENSA informó que según el análisis de César Arévalo, especialista en mercados de hidrocarburos, en los últimos diez años DNP obtuvo una ganancia aproximada de 426 millones de dólares, un promedio de 42,6 millones de dólares al año.
El negocio había sido dirigido por Yadira Leets Marín, exmujer de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo. Antes de las sanciones, los Ortega Murillos intentaron proteger su principal negocio familiar, transformando la imagen de las emisoras y desvinculándolas del DNP. Sin embargo, esto no impidió que Estados Unidos prescribiera la «muerte financiera».
Para el economista Sáenz, “haberle quitado el negocio al DNP fue un golpe, no para gastos menores, sino para grandes ingresos en efectivo”. Si bien estas sanciones han puesto al régimen de Ortega en serios problemas, obligándolo a realizar movimientos legislativos infructuosos, ¿quién sigue financiándolo?
Sáenz explica que esto se debe a que el régimen ha tenido la oportunidad de compensar, no total, sino parcialmente, con otro negocio: la energía. El régimen obtiene utilidades de las centrales térmicas que se pagan por potencia instalada, pero que generan poco, también lo hace por compras de energía más barata en Centroamérica que se vende más cara en el país, sin mencionar el aumento en la tarifa eléctrica, que a fines de 2019, se calculó incrementado en casi un 20 por ciento, disfrazado. “En cierto modo, esa sigue siendo la fuente principal”, dijo Sáenz.
Cuarto golpe: problemas en centrales eléctricas
Arteaga recuerda que si bien quedan activos a estas empresas, sus transacciones no pueden ser ejecutadas por el sistema financiero nacional o internacional, sus operaciones financieras están bloqueadas. El economista explica que el Departamento de Estado “no se va a quedar de brazos cruzados” sancionando a las instituciones, y que luego, utilizan testaferros para seguir alimentando económicamente a la familia presidencial. Cualquier persona que se encuentre funcionando como testaferro de las instituciones será sancionada, explica Arteaga.
De hecho, LA PRENSA ha informado que varias plantas de Alba Generación se encuentran paralizadas y obsoletas porque las sanciones de Estados Unidos le han impedido importar sus repuestos, pero aún así el Estado sigue pasándola bajo el concepto de pago por capacidad instalada.
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