Han pasado 19 meses desde que la Fiscal del Tribunal de La Haya anunciara que realizaría un examen preliminar sobre el caso
venezolano, y aún no ha ofrecido ningún balance.
Por Juan Francisco Alonso / lagranaldea.com
“Desde el año 2016 he seguido de cerca las situaciones en Filipinas y en Venezuela (…) Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la Corte Penal Internacional, he decidido abrir un examen preliminar en cada una de estas situaciones”.
Fatou Bensouda, diera esta declaración y aún no ha revelado si considera que las denuncias por crímenes de lesa humanidad que ha recibido contra casi una docena de altos funcionarios venezolanos, comenzando por el propio Nicolás Maduro, cumplen los requisitos para terminar ante el Tribunal creado para castigar delitos de lesa humanidad.
La lentitud de Bensouda ha hecho que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien presentó la primera querella en noviembre de 2017, esté pensando en alternativas para conseguir sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de hechos como los casi 8.000 ajusticiamientos que documentó entre 2015 y mediados de 2017, así como por las miles de detenciones ilegales y arbitrarias ocurridas en el marco de las protestas que sacudieron al país hace dos años; y por las torturas que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) vienen realizando contra opositores.
“Si la Corte no actúa estoy pensando en presentar denuncias contra funcionarios venezolanos por violaciones a los Derechos Humanos ante la justicia de terceros países”, reveló la ahora disidente del chavismo, en alusión a la llamada justicia universal, en conversación telefónica.
¿Pero qué es la justicia universal? El magistrado español Alberto Jorge Barreiro, en un artículo, la denió como “un principio derivado del Derecho Internacional que, basado en un interés supranacional, posibilita a los tribunales internos ejercer en representación de la comunidad internacional la jurisdicción penal para el enjuiciamiento de determinados crímenes internacionales, con independencia de la nacionalidad de las víctimas y victimarios y del lugar en que se hayan cometido, con el n de evitar la impunidad”.
La justicia universal se aplicó por primera vez en 1999 cuando el juez español Baltasar Garzón emitió una orden de captura contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien se encontraba en Londres (Reino Unido) para ser operado y gracias a ella debió permanecer varios meses en la capital británica bajo arresto domiciliario, aunque luego terminó siendo llevado a su país. Aunque Ortega Díaz no quiso precisar ante qué país o países estaría pensando presentar denuncias contra Maduro y otros altos jerarcas chavistas, hizo votos porque sea la Corte Penal Internacional (CPI) la que actúe.
“Si no lo hiciera quedaría simplemente como un organismo burocrático”, alertó. En perspectiva ¿Hay motivos para sospechar que el caso venezolano está engavetado, más allá de las fotografías en las que se ve a la scal Bensouda junto a la embajadora venezolana ante los Países Bajos y representante de la Misión permanente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, Haifa El Aissami, hermana del ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami; o al hecho de que ha transcurrido año y medio sin que se tengan noticias de los resultados de las investigaciones que viene haciendo la Fiscalía de la Corte? Ortega Díaz cree que sí y de paso ofrece otro.
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Con información de La Gran Aldea
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