La jueza Avason Quinlan-Williams afirmó ver con preocupación las circunstancias en como ocurrieron los hechos, refiriéndose a la orden que emitió el tribunal que permitió la deportación de los 16 niños, además, que la policía y la división de migración no tuvieran información sobre el paradero de los venezolanos.
Violeta Santiago | El Pitazo
La magistrada dijo que las autoridades de Trinidad y Tobago sabían que el tema de los 16 niños era competencia del tribunal, pese a esta circunstancia, las autoridades decidieron sacar los niños fuera del territorio nacional.
Explicó que el pasado domingo, 22 de noviembre dio la orden al jefe del Estado Mayor de la Defensa para que los 16 niños y las 9 mujeres fueran presentados, sin embargo, estos ya estaban siendo conducidos en embarcaciones fuera del territorio de Trinidad y Tobago en compañía de la guardia costera.
Por su parte, el fiscal general de Trinidad y Tobago, Reginald Armour, declaró que al momento de la jueza Quinlan-Williams dar la orden para que los migrantes se presentaran estos ya no se encontraban bajo la jurisdicción de Trinidad y Tobago, por lo cual ella ya no podía emitir una orden.
Los 16 niños que fueron deportados tienen padres viviendo en este país caribeño además son titulares de la tarjeta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de acuerdo con las reseñas de los medios de comunicación locales de ese país.
Por su parte la abogada, Nafessa Mohammed manifestó estar decepcionada por la forma en que ocurrieron los acontecimientos, señalando directamente al Estado, calificó de inhumana la postura que asumieron frente a una situación que involucra a una comunidad altamente vulnerable por tratarse de mujeres y niños.
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