La comisión antimafias de la ONU en Guatemala, que saldrá de ese país la próxima semana, reveló este jueves un supuesto espionaje telefónico a particulares y políticos orquestado por el actual ministro de Economía, Acisclo Valladores, quien fungió en 2017 como alto directivo de la empresa de telecomunicaciones Tigo.
El caso fue destapado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que llegará a su fin el próximo martes, luego de que el presidente Jimmy Morales se negó a pedir la nueva ampliación del mandato, al acusar al ente de intromisión en asuntos internos e incurrir en actos ilegales en sus casos.
“Se concluye que al parecer el señor Acisclo Valladares Urruela se aprovechó de su alto cargo dentro de la empresa de telefonía celular Tigo para tener acceso a información sensible”, señaló la Cicig en un comunicado que incluye una decena de casos de corrupción presentados a la fiscalía.
Entre las víctimas del presunto espionaje, la Cicig enumeró a miembros del partido político de centro izquierda Semilla, surgido tras las protestas en 2015 por un fraude revelado en las aduanas que obligó a la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado por la fiscalía y la Cicig como cabecilla de la estafa.
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También “fueron sometidos a seguimientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, configurando un caso típico de espionaje ilegal” particulares vinculados al ámbito empresarial, así como la entonces esposa de Valladares, agregó el comunicado.
“Para lograr las interceptaciones ilegales, el señor Valladares Urruela se valía aparentemente de la infraestructura humana y técnica de la empresa Tigo”, una de las principales firmas de telecomunicaciones en el país centroamericano, añadió el fragmento de la investigación.
Valladares ya había sido señalado por la Cicig de actos ilegales, entre ellos de participar en un esquema de sobornos a diputados para favorecer las operaciones de Tigo.
Entre los últimos casos presentados por la Cicig se reiteró “posibles hechos de corrupción” para elegir a los actuales magistrados del Poder Judicial, desfalcos en la única universidad pública del país y fraude en la licitación para rutas del transporte público de la capital.
Morales tomó la decisión de no ampliar el mandato de la Cicig, después de que esta misión y la fiscalía pidieron levantar los fueros para investigar al mandatario por sospechas de finanzas ilegales en su campaña de 2015.
AFP
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