En plena discusión sobre la decisión que pueda tomar la Corte Constitucional sobre una demanda presentada contra el artículo 122 del código penal que castiga el aborto en general y, desde 2006, solo a las mujeres y profesionales que lo practiquen fuera de las tres causales admitidas en Colombia, la Alianza de Mujeres Indígenas en Ciudad (AMIC) y Girls Wayuu, enviaron una carta al alto tribunal apoyando la despenalización total de esta práctica.
El documento dirigido al magistrado Antonio José Lizarazo, pide en resumen que se deje libre la practica del aborto a las mujeres que deseen hacérselo y que sea regulado en Colombia. “Su penalización viola los derechos de la mujer Wayúu y las lleva a ser discriminadas por sus comunidades”, explicando que en estos espacios se presentan varios casos de abuso sexual y que muchas han tenido que abortar en sitios clandestinos.
“Debido a que el aborto es un tema tabú al interior de las comunidades, ha hecho que de manera progresiva e dejen de usar las plantas y medicinas propias para tal fin, generando, además, la pérdida de un saber milenario”, agregan las mujeres explicando que se han olvidado cómo usar este tipo de plantas para este fin a causa de los prejuicios.
“La norma demandada genera barreras específicas para la mujeres y niñas indígenas que buscan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, tales como: falta de acceso a la información estigmatización y falta de la disponibilidad del servicio”. Expresan que a pesar de la sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto bajo las tres causales ya conocidas, todavía hay barreras que impiden el acceso a estas excepciones.
“La penalización (…) obliga a las mujeres indígenas a practicarse abortos de manera insalubre, insegura y clandestina; enfrentando posteriormente una serie de consecuencias en sus salud física y espiritual, puesto que la falta de acompañamiento integral en el proceso genera sentimientos de culpabilidad que se incrementan por la estigmatización del aborto al interior de las comunidades”.
La demanda fue interpuesta por el colectivo Causa Justa, que reúne a 91 organizaciones y 134 activistas que pretenden que se elimine el artículo 122 del Código Penal, que criminaliza el aborto, para que las mujeres no sean perseguidas con penas, que pueden ir de uno a cuatro años de prisión.
Las voceras del movimiento Causa Justa aseguraron que aunque en esos casos la Interrupción voluntaria del embarazo -IVE- evolucionó hasta convertirse en un derecho fundamental, se siguen presentando obstáculos y barreras para garantizarlo, y la primera de ellas es que el aborto por fuera de esas tres excepciones, sigue siendo un delito.
Inclusive, dentro de la demanda que presentaron en septiembre de 2020 se confirmó que varios médicos no están practicando los procedimiento, basándose en su derecho a la objeción de conciencia, por lo cual, en 2008, la sentencia T-209 dictaminó que, si algún médico rechazaba realizar el procedimiento, debía enviar a la mujer a otro centro o instancia para garantizar su derecho.
Infobae habló con Mariana Ardila Trujillo, abogada de la Dirección Legal de Women´s Link Worldwide para que explicara desde el movimiento, por qué buscan que el aborto sea completamente despenalizado y qué está pasando actualmente con la demanda que se radicó en septiembre del año pasado.
“Las mujeres que viven alejadas de las capitales, y que no tienen recursos para el traslado o información no están teniendo acceso, con lo cual su salud y sus vidas se siguen poniendo en riesgo por abortos inseguros. De igual manera, según cifras oficiales las mujeres que son criminalizadas por aborto en Colombia son las niñas y jóvenes, las que viven en el campo, las más pobres, las víctimas de violencia intrafamiliar”.
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