El Gobierno de Nicaragua exigió este jueves “respeto» a su proceso electoral, en medio de dudas sobre la integridad de los comicios de noviembre próximo, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.
EFE
“Hemos exigido respeto de nuestro proceso, de nuestro honor y decoro nacional, dijo la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, en una alocución a través de medios del Gobierno.
El reclamo de Murillo se dio un día después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijera que Nicaragua se encamina a “la peor elección posible” debido a la falta de garantías para celebrar un proceso libre, justo y transparente.
En días anteriores, países como Estados Unidos y organizaciones como la Unión Europea se expresaron en el mismo sentido de Almagro, y demandaron a Nicaragua elecciones creíbles, en unos comicios en los que Ortega busca gobernar por cuarto ciclo consecutivo y segundo con su esposa como vicepresidenta.
“Que lo oigan bien los ciudadanos de otros países, como familias nicaragüenses, queremos paz y bien, vencemos como familia, venceremos como familia”, advirtió la primera dama.
El proceso electoral de Nicaragua se desarrolla en el contexto de una crisis sociopolítica que estalló en 2018, cuando multitudinarias manifestaciones antigubernamentales fueron reducidas con ataques armados de policías y paramilitares que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos, y más de 103.000 en el exilio, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acusa a Ortega de cometer supuestos “crímenes de lesa humanidad”.
“Los problemas del mundo nos conciernen, por supuesto, pero nosotros no somos injerencistas, no opinamos de manera interventora en los asuntos propios de otros países”, sostuvo la vicepresidenta.
Las observaciones de actores locales e internacionales sobre el proceso electoral de Nicaragua están relacionadas con el nombramiento de jueces sandinistas para velar por los comicios, y unas reformas a la Ley Electoral que inhiben a los candidatos opositores, limita su finamiento y restringen las actividades proselitistas no oficialistas.
En las elecciones del 7 de noviembre próximo Ortega se jugará 42 años de dominio casi absoluto sobre los asuntos políticos de Nicaragua.
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