«No he cometido jamás el más mínimo acto de corrupción», ha asegurado este lunes el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en el juicio en su contra que se realiza en París por corrupción y tráfico de influencias. Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, ha expresado su «ira» e «indignación» por los cargos de los que se le acusa, y añadió que espera «ser lavado de esta infamia».
Nicolas Sarkozy, de 65 años, es el primer ex presidente de Francia en sentarse físicamente en el banquillo de los acusados. Antes de él, solo un ex presidente francés, Jacques Chirac, su antecesor y mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos cometida cuando era alcalde de París, pero debido a problemas de salud nunca compareció ante la corte.
Retirado de la política desde su derrota en las primarias de la derecha en 2016, aunque sigue manteniendo su influencia en el partido conservador Los Republicanos, Sarkozy podría ser condenado a diez años de cárcel y a un millón de euros de multa por corrupción y tráfico de influencias. Sarkozy es sospechoso de haber intentado corromper, junto con su abogado Thierry Herzog, al ex magistrado Gilbert Azibert, cuando era juez en el Tribunal Supremo. Según la acusación, el ex mandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional, e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el caso Bettencourt, sobreseído a finales de 2013. A cambio, habría ayudado a Azibert a obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo obtuvo.
Este caso, conocido en Francia como el de las «escuchas», surgió por otro caso que afecta desde hace años al ex jefe del Estado, el de las sospechas de financiación de Libia a su campaña presidencial de 2007, que le ha supuesto una inculpación cuádruple. En el marco de estas investigaciones, los jueces descubrieron en 2014 la existencia de una línea telefónica oficiosa entre el ex presidente y Herzog, abierta a nombre de «Paul Bismuth», el nombre de un viejo conocido de secundaria del abogado. Las conversaciones interceptadas en esta línea secreta están en el centro del caso. Para la acusación, son la prueba de un «pacto de corrupción». Para la defensa, se trata de una escucha «ilegal» ya que considera que se ha violado el secreto de los intercambios entre un abogado.
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