La legislación nacional aporta recursos jurídicos integrales para proteger los derechos económicos y sociales, y la República Bolivariana de Venezuela es Estado Parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 2018. Pese a ello, el ACNUDH ha identificado que los principales recursos jurídicos han sido ineficaces para las víctimas de violaciones de los derechos económicos y sociales.
Además, en el 2015 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestó su preocupación ante la decisión del TSJ de que ciertos derechos económicos y sociales no caben en el marco de su protección judicial. Las víctimas y los abogados entrevistados plantearon su inquietud al ACNUDH sobre el manejo de los recursos de amparo por los tribunales, debido a que se presentan considerables demoras que afectan su efectividad, particularmente en casos de demandas de medidas cautelares para evitar daños irreparables.
El ACNUDH documentó casos en los que a los tribunales les llevó más de un año responder sobre la admisibilidad de las solicitudes de amparo para poder adquirir urgentemente medicamentos antirretrovirales.
El ACNUDH fue informada, por ejemplo, de que al cierre de este informe no se había admitido una aplicación de amparo que fue presentada por 307 personas con VIH en diciembre de 2017 exigiendo acceso a medicamentos antirretrovirales.
Asimismo, el ACNUDH recibió información que indica la falta de compromiso por parte de las autoridades en la aplicación de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por ejemplo, las autoridades no han llevado a cabo una acción eficaz con el fin de dar cumplimiento a las medidas acordadas el 21 de agosto de 2019 con respecto a la Maternidad Concepción Palacios y el 18 de marzo de 2019 con respecto hospital nacional infantil J.M. de los Ríos.
La falta de transparencia y acceso a la información sobre los indicadores sociales y económicos y la asignación de fondos públicos es un obstáculo muy importante para realizar un análisis exhaustivo del nivel de cumplimiento por parte del Gobierno de sus obligaciones internacionales en relación con los derechos económicos y sociales.
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos by AlbertoNews on Scribd
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