El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) pidió este miércoles al Congreso de El Salvador que derogue el régimen de excepción con el que el presidente Nayib Bukele lleva adelante una «guerra» contra las pandillas, debido a que ya no resulta necesario.
AFP
Su retiro es solicitado «porque lo que causó esa medida excepcionalísima es una situación grave y si se dice que los homicidios ya bajaron, entonces la situación grave ya no existe», declaró a la AFP Gabriela Santos, del directorio del OUDH, tras la presentación de un informe anual.
El 27 de marzo de 2022, Bukele declaró la «guerra» a las pandillas amparado en el régimen de excepción, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.
Su cruzada devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano y elevó su popularidad, lo que permitió que en febrero fuera reelegido para un segundo mandato de cinco años.
Bajo el régimen de excepción han sido detenidos sin orden judicial casi 80.000 presuntos pandilleros, pero la medida es criticada por diversos grupos de derechos humanos.
Renovado cada mes por el Congreso, su término es la principal recomendación del OUDH, que pertenece a la jesuita Universidad Centroamericana y que considera que El Salvador tiene leyes para juzgar a los pandilleros sin normas extraordinarias.
El informe del Observatorio cuestiona el balance oficial de 154 homicidios en el país durante 2023.
La cifra oficial «adolece de subregistro» pues «no toma en cuenta la totalidad de muertes violentas ocurridas», al dejar «fuera» a quienes murieron en enfrentamientos con la policía, así como los fallecidos en prisión, las osamentas localizadas y la muerte de presuntos pandilleros.
Para el Observatorio, el número real de homicidios en 2023 fue de 309 personas, una tasa de 4,87 homicidios por cada 100.000 habitantes y no de 2,4, como afirman las autoridades.
El coordinador del Observatorio, Jorge Rodríguez, dijo que a finales de 2023 se estimaba que en El Salvador había 104.747 presos, lo que equivale a 1.652 reclusos por cada 100.000 habitantes, «la tasa más alta del mundo».
Tras insistir en el drama de muchos inocentes capturados sin derecho a defensa, el OUDH demandó «adoptar un programa de reparación integral para las personas privadas de libertad por error policial, fiscal y judicial».
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