La Organización de Estados Americanos anunció la culminación del primer informe técnico sobre el ataque militar contra el pueblo pemón entre el 22 y el 27 de febrero en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, lo cual formaría parte de la represión sistemática del régimen contra la población venezolana, que ese organismo y el Instituto Casla han denunciado como posibles crímenes de lesa humanidad. El documento será presentado ante la Corte Penal Internacional.
“Distintas comunidades de la etnia pemón y los habitantes de la capital del municipio, Santa Elena de Uarién, fueron objeto de un ataque militar desmedido y cruel, así como de un desplazamiento forzoso, en el marco de la represión sistemática que el régimen de Nicolás Maduro mantiene contra la mayoría de la población venezolana”, señala el resumen del informe, elaborado conjuntamente por la OEA y el Instituto Casla.
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El documento afirma que la represión contra la comunidad pemón data de años, pues el proyecto de poder de Maduro pretende controlar el territorio de la Gran Sábana debido a su riqueza mineral.
La OEA considera que este año Maduro redobló el esfuerzo por controlar a la región, debido a que las comunidades indígenas se organizaron en un trabajo conjunto con el Consejo de Caciques, la alcaldía y la guardia territorial, para sobrevivir ante el caos por la explotación desmedida de los minerales, que ha traído consigo daños ecológicos.
“El régimen de Nicolás Maduro ordenó el despliegue de por lo menos 5.000 efectivos militares y civiles traídos de zonas foráneas para reprimir, bajo órdenes de una cadena de mando que incluía a un ministro de gobierno, dos gobernadores, un mayor general, dos generales de división, dos generales de brigada, cuatro coroneles y dos comandantes”, indica el resumen.
Afirma que, además de impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, con esa operación se pretendía hacerse con el control territorial de la región, suposición basada en el hecho de que el primer ataque se produjo en Kumarakapay, que se ubica a más de 80 kilómetros de la frontera brasileña.
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Los habitantes de Santa Elena de Uairén y otras comunidades “fueron atacados de forma despiadada por los organismos represivos y de inteligencia del Estado, donde participaron miembros de la Fuerza Armada Nacional, el FAES, los colectivos armados, personas pertenecientes a los sindicatos mineros y presuntos presos comunes”, señala.
Con base en testimonios, el informe observa que las cifras de asesinatos y heridos difieren de las oficiales.
“El propio alcalde habló de por lo menos 22 personas asesinadas, otro testigo clave habló de por lo menos 55 personas fallecidas y múltiples testigos entrevistados, incluyendo heridos de bala en las manifestaciones, y capitanes de las comunidades comentaron cómo habían visto caer a su alrededor a personas heridas de bala, que las mismas tanquetas de la GNB recogían, y que nunca se supo a dónde fueron trasladados”, denuncia.
Con base en los testimonios, la OEA contabiliza 60 personas detenidas, entre ellas algunos menores de edad, y calcula que al menos otras 36 fueron sometidas a torturas, y que todas recibieron tratos crueles.
“En la intervención y ejecución de los tratos crueles intervino de manera directa el propio gobernador del estado Bolívar y su secretario de seguridad ciudadana”, afirma.
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Resumen ejecutivo del informe de la OEA y el Instituto Casla sobre represión sistemática y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo pemón de Venezuela.
Con información de El Nacional
