La ONU denunció este jueves la creciente violencia que enfrentan los excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación a la vida civil en una zona del sur de Colombia donde operan disidentes de la disuelta guerrilla.
AFP
Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, el organismo que supervisa la reincorporación de unos 7.000 exguerrilleros ha documentado 248 asesinatos de excombatientes, 73 de ellos ocurridos en 2020.
Las condiciones de seguridad de estos hombres y mujeres «se han deteriorado considerablemente en los últimos meses» en la zona limítrofe de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, indicó la misión de verificación del acuerdo de paz de las Naciones Unidas en su informe trimestral.
En esas regiones, donde la presencia del Estado «es limitada», rebeldes que no se acogieron al pacto de paz están «amenazando y atacando a excombatientes (…) poniendo así en peligro el proceso de reincorporación», señala el documento.
Una muestra de ese deterioro es que la mayoría de asesinatos de exguerilleros ocurrieron el año pasado en Meta (11), seguido de Valle del Cauca (8) y Cauca (8), en el suroeste.
Unos 2.300 combatientes distribuidos en varios grupos conforman las llamadas disidencias de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se apartaron del histórico acuerdo de paz y se dedican mayoritariamente al narcotráfico y a la minería ilegal, según inteligencia militar.
Según el informe, la violencia se ensaña particularmente con los exguerrilleros que llevan a cabo su proceso de reincorporación por fuera de los en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), previstos inicialmente en el acuerdo y fuertemente custodiados por la fuerza pública, donde solamente quedan unos 2.500 excombatientes.
Alrededor de 35% de los asesinatos registrados en 2020 ocurrieron dentro o en inmediaciones de «nuevas» áreas de reincorporación, donde «no hay despliegues de seguridad específicos», precisa el organismo.
Según la ONU, «la limitada presencia del Estado, las económicas ilícitas y la presencia de grupos armados ilegales» en zonas que dejó vacante la guerrilla son los principales factores que explican la «violencia continua» en zonas de reincorporación de excombatientes.
Hasta el momento, la fiscalía ha logrado 34 condenas en el marco de investigaciones sobre 289 ataques contra rebeldes que dejaron las armas.
Aunque el pacto de paz disminuyó la violencia política, Colombia vive un conflicto que en casi sesenta años ha dejado más de nueve millones de víctimas, principalmente desplazados.
El país atravesó en 2020 una de las peores olas de violencia desde la firma del acuerdo, con 90 masacres consignadas por el observatorio Independiente Indepaz, que el gobierno atribuye a grupos que se financian del narcotráfico.
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