La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) lamentó este viernes la decisión de un tribunal de Honduras de mantener la detención preventiva para ocho ambientalistas hondureños, detenidos desde agosto de 2019 por el caso conocido como Guapinol.
EFE
En un comunicado, la Oacnudh expresó «su más seria preocupación por la resolución del Tribunal de Sentencia de Trujillo que ordena mantener la detención preventiva de los ocho defensores de Guapinol, a pesar de la no objeción del Ministerio Público para el otorgamiento de medidas sustitutivas».
La representante de la Oacnudh en el país centroamericano, Isabel Albaladejo, señaló que esta oficina ha pedido en varias ocasiones «que se revise la detención preventiva de los defensores y a que se cumplan las garantías del debido proceso con base en las obligaciones internacionales de Honduras en la materia».
«Lamentamos que, nuevamente y sin acreditarse los elementos que justifiquen mantener la detención preventiva, los defensores sigan sometidos a dicha medida”, subrayó.
Los ocho defensores del agua están presos desde agosto de 2019, acusados de delitos de asociación ilícita, uso ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras.
Según el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la detención de los ambientalistas «es arbitraria y contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Para corregir la vulneración de derechos, los expertos independientes instaron a las autoridades a «poner a los ocho defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho efectivo a obtener tanto una indemnización, como la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos».
Albaladejo reiteró su llamado al poder Judicial hondureño para que «garantice la aplicación de la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Honduras en 1995».
Además, solicitó a Honduras adoptar «medidas urgentes para poner en libertad a los ocho defensores, quienes han estado privados de la libertad durante más de dos años”.
DETENCIÓN ARBITRARIA
La Ocanudh recordó a las autoridades judiciales de Honduras que «cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente y clara que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas por dichas normas, es considerada arbitraria».
La resolución del tribunal de Trujillo «se basa en un análisis de peligro de fuga que no satisface los criterios de la normativa procesal penal hondureña, aunado al hecho de que los defensores siempre han demostrado su voluntad de sometimiento al proceso penal.», añadió.
Destacó que la criminalización de la defensa de los derechos humanos «socava las bases del Estado de derecho y afecta principalmente a quienes defienden la tierra y territorio, el medio ambiente, los derechos civiles y políticos, a quienes denuncian modelos opacos y poco participativos de explotación de los recursos naturales, denuncian violaciones de derechos humanos o denuncian la responsabilidad de las empresas».
La Oacnudh afirmó que la labor de los defensores del medio ambiente es «crucial para la democracia y para que el Estado avance en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y equitativo».
La ONU aseguró que continuará «acompañando» a los defensores y seguirá disponible para brindar asistencia técnica a las autoridades judiciales en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia del debido proceso e independencia judicial.
El conflicto en Guapinol, según la Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán, Colón, se origina «por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company)».
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