Las medidas que las autoridades ecuatorianas tomen para afrontar la actual crisis de violencia relacionada con bandas armadas deben ser «proporcionadas y limitadas a los requisitos de la situación», afirmó hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«Toda restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación», agregó la portavoz de la oficina Liz Throssell en rueda de prensa.
La fuente agregó que los poderes y funciones de seguridad asignados a las fuerzas armadas en la actual crisis deben tener carácter excepcional, limitado en el tiempo, y deben estar subordinados a la autoridad civil, ante la cual deben rendir cuentas.
EFE
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