El Sistema de Naciones Unidas expresó este martes su preocupación por el marco constitucional y legal de las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede) en Honduras, cuya implementación podría implicar «serios riesgos» para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los habitantes.
EFE
«Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las Zede en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes», indicó en un comunicado el Sistema de Naciones Unidas en el país centroamericano.
Afirmó que las Zedes en Honduras tendrían «autonomía respecto a la administración de servicios públicos, del sistema de justicia y del sistema penal».
Alrededor del 35% del territorio hondureño, como las zonas de baja densidad de población de los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca (Pacífico) y el Mar Caribe, Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, estaría «quedando a disponibilidad del régimen especial de las Zedes», añadió.
La ONU afirmó que esas zonas del país se caracterizan por «la alta densidad de población indígena y afrodescendiente, con antecedentes de conflictos territoriales», y lamentó la falta de la consulta libre, previa e informada en los municipios en los que serán instaladas las Zedes, promovidas desde hace unos seis años como «ciudades modelo», semejantes a las de algunos países asiáticos.
Además, la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales, y la desregulación y posible privatización de los servicios públicos como la salud y educación.
El Sistema de Naciones Unidas destacó que las comunidades que serían afectadas por la instalación de las Zedes han denunciado «la falta de participación y consulta, así como la falta de acceso a la información sobre el proyecto».
Lo anterior, agregó, genera «incertidumbre» entre los ciudadanos y afecta las comunidades afrodescendientes, grupo poblacional históricamente entre «más desfavorecidos» del país.
La ONU hizo un «llamado respetuoso» a Honduras para que «revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de las Zedes con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible».
Instó al Gobierno de Honduras, que preside Juan Orlando Hernández, a explorar alternativas que «favorezcan el crecimiento económico inclusivo del país, a partir de un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y que garantice la igualdad».
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