La orden ejecutiva presentada este martes por el presidente Joe Biden, que busca restringir de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera sur de EE.UU. ha generado una ola de críticas por parte de activistas, que comparan la medida con las acciones tomadas por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).
EFE
La orden, que entrará en vigor hoy mismo, permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares para pedir protección cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.
Uno de las primeros en reaccionar fue la organización Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que advirtió en un comunicado que la orden «hace eco» de la prohibición de entrada emitida por el Gobierno Trump en 2018.
Deirdre Schifeling, directora política y defensa de la ACLU, advirtió que la iniciativa presentada hoy no cubre las necesidades en la frontera ni arregla «el fallido» sistema de inmigración.
El rechazo hacia la medida incluso llegó de aliados de la Administración Biden, como el senador por California Alex Padilla.
«Al revivir la prohibición de asilo de Trump, el presidente Biden ha socavado los valores estadounidenses y abandonado las obligaciones de nuestra nación de brindar a las personas que huyen de la persecución, la violencia y el autoritarismo la oportunidad de buscar refugio en los Estados Unidos», dijo el legislador en un comunicado.
El senador se unió a las voces que advierten de que la medida no aborda los desafíos de la frontera. El demócrata abogó por «inversiones inteligentes y estratégicas» para reducir los retrasos y los tiempos de espera y abrir vías legales para la migración, entre otras medidas.
Para Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) esta iniciativa es sumamente inaceptable· porque representa un daño irreversible para los solicitantes de asilo a los que se les niegue la entrada.
La activista dijo a EFE que con la orden ejecutiva, el Gobierno Biden está cediendo espacio a los antiinmigrantes. «Es una acción política y punitiva hacia los inmigrantes y pelearemos en contra de ellas en las cortes», agregó.
ACLU anunció este martes que impugnará la orden ejecutiva en la corte, así como lo hizo en 2018 cuando logró detener una medida similar emitida por el Gobierno Trump.
Por su parte Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), organización con presencia en la frontera sur de EE.UU. con México, indicó a EFE que la orden “empujará aún más a los migrantes a depender de métodos de transporte inseguros y rutas peligrosas.
Al anunciar la orden ejecutiva, Biden intentó trazar un contraste con las duras políticas que su antecesor proclamó en materia de inmigración.»Yo nunca he demonizado a los inmigrantes», dijo el mandatario en un discurso en la Casa Blanca.
Pero las palabras del mandatario no han podido detener la reacción en cadena de críticas sobre la medida. María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino advirtió en un comunicado que “los votantes no olvidarán esto en noviembre”.
«De hecho, una gran mayoría de estadounidenses apoya un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados”, recordó la activista.
Por su parte Erika Pinheiro, de la organización Al Otro Lado, con sede en San Diego, en el sur de California, considera que la medida emitida este martes «no logrará disuadir a los solicitantes de asilo».
La activista, que conoce de cerca la situación de la frontera de EE.UU. en California, advirtió de que a pesar de las afirmaciones de que la orden «cerrara la frontera», podrían pasar semanas o meses antes de que el Departamento de Seguridad Interna (DHS).
«Todo esto podría desbordar la frontera y la capacidad de la Patrulla Fronteriza y conducir a un mayor caos».
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