El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, «está desesperado, ha perdido el apoyo popular, y tiene miedo de perder su poder», y por eso ha detenido a sus oponentes con miras a los comicios generales del 7 de noviembre, en los que el mandatario buscará una nueva reelección.
EFE
Así lo valoró este viernes el abogado estadounidense Jared Genser, defensor de los aspirantes presidenciales nicaragüenses de la oposición detenidos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, durante una rueda de prensa telemática con periodistas en Managua.
«Lo que hace Ortega, en sus casos (Chamorro García y Maradiaga), absolutamente falta a la decencia. Si Ortega fuera un presidente fuerte no detendría a sus oponentes y ganaría en una elección justa, pero es obvio que está desesperado, ha perdido el apoyo popular, y tiene miedo de perder su poder», sostuvo Genser, que se conectó a la vídeocoferencia desde Washington (EE.UU.).
«Una persona que hace cosas así (arrestar opositores) para mantener su poder es una persona pequeña, de verdad, sin poder», apuntó el letrado.
Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de líderes opositores que se producen de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre en las que Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007, busca la reelección por cinco años más.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, a quienes acusa de «traición a la patria».
Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, dos extrabajadores de una ONG, y un conductor de Cristiana Chamorro.
¿DESAPARICIONES FORZADAS?
Para el abogado, las detenciones de dirigentes opositores aplican como «desapariciones forzadas», a como lo tildó la Unidad Nacional, a la que pertenece Maradiaga.
«Cuando una persona es detenida por el Estado y el Estado niega a reconocer la detención o a proporcionar la información sobre la persona detenida, es un ejemplo de desapariciones forzadas», explicó Genser al ser consultado por Efe.
Los familiares de los opositores, que han sido arrestados de forma gradual desde el 28 de mayo, aseguran que las autoridades no les han permitido ni a ellos y ni a los abogados visitar a los suyos en prisión.
También que las audiencias han sido celebradas en privado y en secreto, sin la presencia de sus abogados.
Genser observó que «desafortunadamente hay una historia muy larga de desapariciones así, y por eso es muy grave la situación en estos casos».
Informó que han «tenido contactos» con el Comité de la Cruz Roja Internacional, aunque no ofreció más detalles
¿LEY ILEGAL?
Por otro lado, el letrado estadounidense sostuvo que la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, citada por las autoridades para detener a los opositores, «es ilegal en el marco del derecho internacional».
Esa ley, promovida por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, el 21 de diciembre pasado, cataloga los «traidores a la patria» y los inhabilita a optar a cargos públicos.
Genser alegó que Nicaragua es Estado parte de tratados de derecho internacional, derechos civiles y políticos, y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, «y bajo esas obligaciones legales vinculantes, esta ley es ilegal».
Ortega, que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de «criminales».
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