El Estado andino lleva un lustro sumido en la inestabilidad institucional, agravada con la llegada de Pedro Castillo y sin que haya logrado frenar la deriva de una nación que parece ingobernable.
No tiene televisor, ni radio y no está acostumbrado al hábito de la lectura. Para aligerarle la tarea, los asesores le resumen en un documento de Word los principales titulares de los periódicos. El presidente ojea la página en la silla de su oficina de estilo virreinal con acceso a un balcón y vista a un parterre. Los que han visitado el lugar en estos seis meses destacan que dentro reina la tranquilidad de un jardín japonés. “Fuera se derrumba el Perú, pero ahí parece que no pasada nada”, cuenta un ministro que perteneció al Gabinete hasta hace una semana.
La sorprendente llegada al poder en julio del año pasado de Pedro Castillo, un profesor rural de 52 años sin ningún vínculo con el establishment, acaso el presidente más improbable de la historia del país andino, no ha frenado la descomposición institucional de la nación. Su Gobierno, como los anteriores, vive una crisis continua. El presidente ha remodelado su Gabinete (o se ha visto obligado a hacerlo) en cuatro ocasiones. El penúltimo equipo de ministros solo le duró siete días. Son ya 29 los ministros cambiados. El Congreso, controlado por la derecha, maniobra desde noviembre para destituirlo. Castillo, un hombre que siempre aparece con un sombrero con el que reivindica la diversidad cultural del país, podría enfrentar el mismo destino trágico que sus predecesores en el cargo, que acabaron censurados, en la cárcel o quitándose la vida.
Perú, de 33 millones de habitantes, se ha sumido de nuevo en la convulsión. En América Latina se le ha puesto la etiqueta de ingobernable. Se suceden los dirigentes quebrados. Los peruanos se preguntan qué clase de maldición ha caído sobre ellos. El poder está copado por extremos que, bajo la superficie, se sostienen por estructuras corruptas y clientelares. Problemas históricos como la educación, la sanidad o el transporte permanecen irresolubles porque muchos congresistas trabajan como garantes del statu quo de estos sectores, amparados en la informalidad. La palabra gruesa domina el debate público. El Congreso, siempre fragmentado al no existir los partidos políticos tradicionales, es una herramienta para delimitar el poder presidencial y, llegada la hora, guillotinarlo. Perú lleva en esa espiral seis años.
Castillo llegó con un mensaje de apoyo a los pobres y de lucha contra las empresas extranjeras extractivas que le valió el apoyo de los más desfavorecidos, sobre todo en las regiones andinas. En este tiempo ha confiado la economía a políticos sólidos que han mantenido los mercados al alza. La moneda, pese a todo, ha permanecido estable. La vacilación de sus gabinetes, sin embargo, ha frenado las reformas sociales y económicas que se necesitan.
Los ministros que se han ido en las últimas semanas del Gobierno describen a Castillo como un hombre hermético, rodeado de unos asesores que controlan toda su agenda. Ni la primera ministra Mirtha Vásquez, la número dos, tenía acceso directo a él. “En Palacio tienen una política perversa. Todo el día lo tienen recibiendo gente de su pueblo (Castillo es de un lugar remoto de los Andes), amigos, conocidos…”, describe Vásquez. Ella y otros consultados concuerdan en que predomina la extrema informalidad y la improvisación constante.
La minoría con la que gobierna Castillo le obliga a buscar alianzas con otros pequeños grupos en la Cámara que, llegado el momento, puedan frenar un proceso de destitución. El resultado es una amalgama de ideologías e intereses contrapuestos. El profesor hizo campaña con un partido marxista-leninista, Perú Libre, integrado por sindicalistas y líderes universitarios de la vieja izquierda, muy conservadores en lo social, homófobos y misóginos. Cuando Castillo llegó por sorpresa a la segunda vuelta se le unió la progresía urbana limeña, que confiaba en imponerle una agenda moderna. Lo ha logrado a medias. A su vez se suman otros grupúsculos regionales con intereses muy particulares, acostumbrados a las pequeñas corruptelas de la política de pueblo. Así se explica que para sustituir a una feminista como Vásquez en el consejo de ministros nombrara a Héctor Valer, un ultraconservador denunciado por maltrato. El clamor popular le hizo rectificar. O que ahora nombre ministro de Sanidad a un médico que publicitaba un agua milagrosa.
Acostumbrado a la libertad del campo, Castillo se queja a menudo de la claustrofobia de vivir encerrado en Palacio. Cuando el anterior presidente Francisco Sagasti le mostró las dependencias dijo, medio en broma, que no había espacio suficiente para una vaca. No le entusiasma la comida sofisticada que prepara el chef de la casa de Gobierno. Prefiere prepararse él mismo una sopa en un apartamento de la ciudad, la que se conoce como la casa de Sarratea. Allí también despachaba como jefe de Estado hasta que le avisaron de que podría estar infringiendo la ley. La Fiscalía ha abierto una investigación por una reunión que mantuvo con una lobista que después medió en una concesión. Alguno de sus ministros le sugirieron que levantara su secreto bancario para despejar cualquier duda de enriquecimiento ilícito.
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