La fiscalía de Perú allanó el sábado ocho viviendas de funcionarios y excolaboradores del Gobierno por un caso de presuntas contrataciones irregulares que ha llevado al Congreso opositor a pedir la destitución del presidente Martín Vizcarra.
Reuters
La solicitud de destitución a sumido al país en una profunda incertidumbre política en medio de la crisis económica y sanitaria resultante de la pandemia con más de 716.000 casos de coronavirus, la quinta en el mundo. En tanto los fallecidos suman 30.470, con una de las tasas de mortalidad más alta en el mundo.
Entre las viviendas intervenidas figuran la de un cantante poco conocido, Richar Cisneros -quien se hace llamar Richard Swing-, y que se adjudicó contratos gubernamentales para charlas motivacionales por 49.500 dólares y de dos funcionarias de confianza de Vizcarra, dijo la fiscalía en un comunicado.
Todos ellos fueron protagonistas de conversaciones en audios filtrados y difundidos el jueves en el Congreso, que en una rápida decisión aprobó el viernes un pedido de iniciar el proceso de vacancia presidencial “por incapacidad moral” de Vizcarra, con 65 votos a favor y 36 en contra.
El Congreso citó a Vizcarra -que rechaza la acusación y acusa al parlamento de un complot- para que brinde sus descargos el viernes 18 de septiembre. Pero para aprobar la destitución del Presidente se requiere 87 votos de los 130 legisladores.
El allanamiento, con el apoyo de la policía, busca incautar pruebas relacionadas a una investigación que no incluye a Vizcarra, pero sí a funcionarios y testigos como Mirian Morales y Karem Roca, secretaria general y asistente administrativa del Despacho de la Presidencia de la República, respectivamente.
Vizcarra, que no tiene una representación en el Parlamento dominado por la oposición, asumió la presidencia en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien fue acorralado por el Congreso con denuncias de irregularidades.
En septiembre de 2019, el mandatario disolvió el Congreso por una pugna con la oposición sobre sus reformas anticorrupción y en enero se eligió un fragmentado Parlamento de representantes de izquierda, de derecha y hasta grupos radicales para completar el periodo legislativo hasta julio del próximo año.
De aprobarse la destitución y al no haber vicepresidentes por la renuncia de la anterior, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumiría el cargo de jefe de Estado según la Constitución. Vizcarra ya había convocado para el 10 de abril del 2021 a las elecciones presidenciales y legislativas.
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