Las víctimas de las esterilizaciones forzadas que se cometieron en Perú durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) siguen sin saber si el político será juzgado por esos casos, luego de que este lunes se continuara con la lectura de la resolución judicial sin ofrecer un fallo definitivo.
EFE
El juez Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado, desarrolló una séptima audiencia de lectura de su extensa resolución, que se traduce al quechua y se transmite por Internet.
En esta oportunidad, el magistrado detalló denuncias de mujeres de localidades andinas de Ayacucho y Huancayo, quienes aseguran que desconocían el procedimiento al que fueron sometidas y, por tanto, no pudieron dar un consentimiento informado.
La audiencia fue seguida por Internet por víctimas de diversas regiones del país, luego de que este domingo se realizaran vigilias simultáneas en localidades del interior como Anta, Yurimaguas, El Dorado e Iquitos, y en las limeñas Lurín y Ventanilla.
DOS MESES SIN UN FALLO
A pesar de que las participantes habían pedido que este lunes se concluyera la lectura, el juez suspendió la audiencia al cabo de cuatro horas y programó una nueva sesión para el 17 de noviembre.
De esa manera, se cumplirán dos meses desde que comenzó a leerse la resolución sin que se tenga una conclusión, pese a las insistentes exhortaciones de las organizaciones defensoras de las víctimas para que no se siga dilatando el fallo.
Las organizaciones manifiestan su extrañeza porque consideran que las evidencias son suficientes para incluir a Fujimori en el proceso e incluso el juez ya ha remarcado que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que el Estado debe garantizar.
El Ministerio Público peruano recordó, por su parte, que la denuncia fiscal alcanza a Fujimori y sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga, quien es actualmente congresista, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta.
Se pide que sean incluidos en el proceso por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, seguida de muerte, en un contexto de violación a los derechos humanos, precisó la Fiscalía en Twitter.
A su turno, la organización feminista Demus afirmó que las víctimas de esterilizaciones forzadas tienen derecho a un proceso rápido y empático, mientras que Amnistía Internacional remarcó que «la justicia no puede esperar más» en esta investigación.
CONTROL DE LA NATALIDAD
En este caso se acusa y plantea procesar a los responsables de la muerte de ciudadanas como Mamérita Mestanza, por la que el Estado peruano reconoció en 2003 su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante el régimen de Fujimori se diseñó y presentó un plan de control de la natalidad que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin de elevar las condiciones económicas del país.
Sin embargo, este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres, sin cumplir con los protocolos de información previa, voluntad y condiciones adecuadas, e imponiendo «cuotas» para los médicos a cargo de las operaciones.
POCO MÁS DE 2.000 DENUNCIAS
Según datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar practicado entre 1996 y 2000, durante esos años se esterilizó a más de 270.000 mujeres, en su mayoría andinas, quechuahablantes y pobres, pero se desconoce con exactitud cuántas fueron sometidas a la operación sin su consentimiento informado.
Algo más de 8.000 mujeres y hombres están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.
Poco más de 2.000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa y son parte de este proceso contra Fujimori, de ellas 1.307 con lesiones graves, de las que cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.
Fujimori, de 83 años, cumple actualmente una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, como autor mediato (con dominio del hecho) de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina y por el secuestro de un empresario y de un periodista durante el «autogolpe» de Estado que dio en 1992.
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