Un grupo de 16 organizaciones humanitarias de El Salvador pidieron este miércoles al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, activar mecanismos de este ente para «preservar» la democracia en el país ante una serie de medidas gubernamentales que consideran «autoritarias».
EFE
Estas acciones cuestionadas al Gobierno de Nayib Bukele se estarían dando, según los activistas, en el marco de la emergencia por la pandemia de COVID-19.
«Rogamos active los mecanismos y procedimientos necesarios previstos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los diversos instrumentos internacionales» para «la preservación de la república y la democracia que tanto nos cuesta mantener», reza una carta enviada a Guterres.
Las organizaciones señalaron que estas medidas pueden incluir «la visita al país de la alta comisionada de Derechos Humanos (Michelle Bachelet) u otros funcionarios».
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Bachelet se mostró preocupada el martes porque el «estado de derecho y el orden constitucional están siendo socavados en El Salvador a medida que las autoridades implementan medidas para combatir la propagación del COVID-19».
De acuerdo con las organizaciones firmantes de la carta, en el país existe «una la falta de respeto a la división de poderes» de parte de Bukele.
«La más grave expresión de este irrespeto ha ocurrido con la manifestación pública de rechazo e incumplimiento a resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia», señala el documento.
Bukele dijo a los salvadoreños en sus redes sociales que no puede «acatar una resolución que me ordena dejarlos morir», en referencia a los fallos constitucionales que le mandan parar las detenciones y confinamientos «forzosos» mientras no exista una legislación que lo faculte para ello.
Las organizaciones también hicieron eco del conflicto existente entre el Gobierno y Congreso, que tuvo su punto más crítico en febrero pasado cuando Bukele ingresó con soldados y policías armados con fusiles.
Explicaron que el Legislativo está «bajo constante presión y ataque por parte del Gobierno de la República, con la finalidad de que ésta apruebe ciertas regulaciones o legislaciones de manera apresurada».
Apuntaron que, tras la negación de ampliar por segunda vez un estado de excepción en el Congreso, Bukele implementó el fin de semana pasado un «cerco sanitario» con apoyo militar en la localidad de la Libertad, que a su juicio «constituye un estado de sitio de facto».
«Nos preocupan las violaciones a los derechos civiles derivadas de la utilización excesiva de la fuerza y detenciones ilegales por parte de las fuerzas públicas de seguridad», acotaron.
Apuntaron también que estas acciones constituyen una especie de «carta blanca» para las autoridades de seguridad, «que está derivando en aumento de denuncias de corrupción, amenazas, intimidación y arbitrariedad».
«Tememos que los retrocesos que vemos sean irreversibles una vez superada la crisis sanitaria, dado el perfil autoritario de nuestras autoridades ejecutivas», subrayaron las organizaciones sociales.
Con las pruebas realizadas el martes, El Salvador detectó 12 nuevos contagios locales de COVID-19 con lo que elevó el número de casos positivos a 237 y la cifra de fallecidos se mantuvo en 7.
EFE
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