El programa «Gran Hermano», uno de los programas de más audiencia en la televisión española, emitido en una cadena privada, pudo rozar el delito al saberse que no actuó frente a la posible violación de una concursante, lo que ha provocado la polémica en España y la retirada de anunciantes.
Un diario español se hizo con el vídeo en el que la productora del programa, Zeppelin, mostraba a la joven las imágenes de la presunta agresión sexual por parte de otro concursante, tras una fiesta en la que había se había bebido alcohol, y en el que se veía la reacción de la víctima ante esas imágenes, que ella no recordaba.
Los hechos ocurrieron en 2017, durante la edición de Gran Hermano, emitida en la cadena de televisión Telecinco,que los denunció y en estos momentos están pendientes de juicio, pero su publicación en los medios ha provocado la reacción de la opinión pública y de los anunciantes.
Ya hay más de cuarenta marcas, entre ellas Telefónica, BBVA o Lotus, que han anunciado que retiran la publicidad de uno de los programas de más audiencia en las televisiones españolas.
Pero mientras los anunciantes desertan, las audiencias actuales del programa, en su edición «Gran Hermano Vip», no solo no se resienten, sino que, en plena polémica, la emisión de este espacio batió el récord de temporada, con un 35 % de cuota de pantalla y 3,6 millones de espectadores.
Tras salir el caso a la luz pública, la productora afirmó en un comunicado que en el momento de los hechos activó los protocolos establecidos, «presentó de forma inmediata la denuncia, expulsó al presunto agresor del concurso» y retiró a la chica de la casa y la trasladó a un hotel, «acompañada de psicólogos independientes y familiares».
Sin embargo, expertas juristas explicaron a Efe que grabar una violación o presenciarla y no intentar interrumpir el delito ni auxiliar a la víctima, como presuntamente ocurrió, es omisión del deber de socorro y está penado.
«Si ves que se está cometiendo un delito y no lo impides, infringes el Código Penal», afirmó la presidenta de la Audiencia de Pamplona y coordinadora de género de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Esther Erice.
Éste no es el primer escándalo que vive la cadena Telecinco, perteneciente a Mediaset, el grupo que acumuló en 2018 más reclamaciones (el 60,4 %) por contenido inapropiado para los niños ante la Comisión pública española encargada de este asunto, y donde el programa «Gran Hermano VIP» lideró las quejas por sus contenidos inapropiados.
Este programa, en sus diversas ediciones, que muestra el día a día de un grupo de concursantes, ha sido objeto de críticas y polémicas desde que comenzó a emitirse en España en el año 2000, cuando Telecinco estrenó la primera edición de Gran Hermano, un espacio que se ha convertido en referente de la llamada «telerealidad», que se ha emitido en cincuenta países del mundo.
EFE
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