Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló este lunes todas las sentencias que pesaban contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Por BBC
En dos de estos procesos Lula ya había sido condenado.
Uno está relacionado con un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá en el estado de Sao Paulo; y el otro con una casa de campo en la localidad de Atibaia.
Los otros dos seguían en trámite de primera instancia en la Corte Federal de Paraná y no habían sido juzgados.
Los dos procesos que aún estaban en marcha estaban relacionados con el Instituto Lula, creado por el expresidente tras dejar el poder.
En una de las acciones, Lula es acusado de recibir sobornos del contratista Odebrecht a través de la compra de un terreno que se utilizaría para la construcción del instituto en São Paulo, por el monto de R$12.000.000 (US$2.042.000, aproximadamente).
El contratista también habría comprado un departamento en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de la capital paulista, en el mismo piso y en el mismo edificio donde vivía Lula antes de su arresto.
La defensa de Lula niega que haya cometido «delito alguno o recibido algún beneficio a cambio de los actos realizados como jefe de Estado y jefe de gobierno».
La otra denuncia afirma que el mismo contratista habría hecho cuatro donaciones de R$1.000.000 (US$170.164, aproximadamente) cada una al Instituto Lula, entre 2013 y 2014, para presuntamente pagar sobornos por contratos fraudulentos de Petrobras.
El expresidente, el exministro de Hacienda Antonio Palocci y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, están acusados de lavado de activos.
La denuncia se basó en información proporcionada por Palocci. Lula y Okamotto niegan haber cometido delito alguno.
Estos dos procesos ahora tendrán que empezar de cero en el Juzgado Federal de Distrito, así como las dos acciones por las que Lula ya había sido condenado a 26 años de prisión.
La primera condena: tríplex de Guarujá
Lula fue acusado de recibir sobornos del contratista OAS en forma de reserva y renovación de un departamento en el balneario de São Paulo.
Aunque la propiedad nunca perteneció formalmente a Lula, el Ministerio Público alegó que el trato se disolvió después de que se hiciera público el asunto, y por eso nunca llegó a concretarse.
En julio de 2017, Lula fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro.
Luego, la condena fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en enero de 2018, que aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.
En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia decidió mantener la sentencia, pero redujo la pena impuesta a Lula a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión.
La segunda condena: la casa de Atibaia
El expresidente fue acusado de recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht a través de remodelaciones, en 2010, en una casa de la ciudad de São Paulo.
La propiedad pertenece formalmente al empresario Fernando Bittar, pero el Ministerio Público Federal afirma que Lula es el propietario real del sitio y fue su usuario principal.
Lula fue condenado a dos años y 11 meses de prisión por corrupción activa, pasiva y lavado de dinero.
En noviembre de 2019, la condena fue confirmada en segunda instancia y elevada a 17 años, un mes y diez días, y una multa.
Además de Lula, otras diez personas habían sido condenadas, incluidos Léo Pinheiro, expresidente de OAS; y Marcelo Odebrecht, expresidente de Odebrecht.
Lula niega haber cometido irregularidades, mientras que los dos empresarios ahora son colaboradores de la operación anticorrupción Lava Jato Lava Jato y confesaron los crímenes.
En el momento de la primera condena, la defensa de Lula acusó al Tribunal Federal de Curitiba de «uso perverso de leyes y procedimientos legales con fines de persecución política».
La defensa señaló que el expresidente nunca fue el dueño de la casa, y que la decisión se basa en una supuesta «caja general» de sobornos de los contratistas porque, según la defensa, no hay evidencia material de que el dinero desviado de los contratos de Petrobras se utilizaron en renovaciones.
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