Por primera vez, el Ministerio Público investiga a un mandatario en funciones como supuesto líder de un grupo que encargaba obras públicas a cambio de sobornos.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, está citado este viernes para responder a un interrogatorio fiscal por una investigación en su contra como supuesto líder de un grupo que encargaba obras públicas a cambio de sobornos. Pese a que el mandatario ha dicho que colaborará con la justicia y que acudirá a su cita ante la fiscalía este viernes a las 10 de la mañana, su abogado busca anular la investigación.
“En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar”, ha dicho este jueves Castillo al negar irregularidades en su gestión, que cumple un año el próximo mes. Sin embargo, en las últimas semanas su abogado planteó dos recursos para anular la investigación: uno ante la fiscalía y otro ante un juez constitucional. Finalmente será un juez el que decida si la fiscalía puede continuar la pesquisa o tendrá que esperar a que concluya el mandato.
El fiscal general ha encontrado indicios de que el jefe de Estado encabezó una organización criminal que se benefició con coimas de empresarios que el año pasado ganaron irregularmente una licitación de más de 62 millones de dólares para la construcción de un puente: otros tres investigados pertenecientes al entorno de Castillo están prófugos. El exministro de Transportes, Juan Silva; el ex secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco; y un sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, huyeron de la justicia mientras la prensa de Lima revelaba las versiones de los empresarios involucrados en la trama y que ahora buscan colaborar con la justicia para recibir una pena menor.
Un despacho fiscal de corrupción de funcionarios y otro de lavado de activos empezaron las pesquisas el año pasado a raíz de las visitas de Karelim López -una gestora de intereses ligada al fujimorismo- a la casa en la que Castillo despachaba como presidente en las primeras semanas de asumir el cargo. La empresaria también figura en los registros de visitas de Palacio de Gobierno y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en los días previos a que el Consorcio Puente Tarata III (formado por las empresas H.B, Tapusa y Termirex) ganara la licitación para construir el millonario puente en la amazónica región San Martín.
Según la manifestación de otro gestor de intereses involucrado en la adjudicación irregular de obras públicas, Zamir Villaverde, él entregó un maletín con dinero al entonces ministro Silva como agradecimiento de una de las empresas seleccionada en la licitación. En sus términos, fueron “cien grandes”, aunque no está claro si se refiere a 100.000 dólares o soles. Al día siguiente de que la prensa publicó la versión de Villaverde, el exfuncionario envió un mensaje por Whatsap a su escolta para que no lo acompañaran hasta nuevo aviso. En Perú, los exministros tienen un auto y protección policial por algunos meses después de haber dejado el cargo.
Pese a que en esos días la fiscalía ya había pedido a la policía vigilar a Silva, el exdirector de escuela y amigo de Castillo se escabulló. El Ministerio de Interior ha fijado una recompensa de 13.400 dólares para quien permita la captura del extitular de Transportes, y montos menores por el exsecretario Pacheco y el sobrino del jefe de Estado.
Para leer la nota completa, pulsa aquí
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
