Dos recientes propuestas de leyes impulsadas por los sandinistas, para controlar los “ciberdelitos” y regular a los “agentes extranjeros”, tienen como objetivo anular derechos inalienables en Nicaragua, advirtieron este lunes dos expertas de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en el “Foro-análisis: Leyes que violentan libertades”.
EFE
“Nosotros los nicaragüenses tenemos derechos y garantías inalienables desde el momento de nacer, estas propuestas los viola”, dijo la directora de Asesoría Legal de la CPDH, Karla Sequeira, durante el foro, realizado en teleconferencia.
Sequeira se refirió al proyecto de Ley de Ciberdelitos y de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, propuestas en días recientes por los diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ante la Asamblea Nacional (Parlamento), donde gozan de amplia mayoría.
La primera establece como “ciberdelito” todas las “acciones u omisiones típicas o antijurídicas (…) cometidas en contra de personas naturales o jurídicas”, así como la “propagación de noticias falsas y/o tergiversadaz, que provoquen alarma, temor, zozobra”, a través “de las tecnologías de la información y la comunicación”.
“Es lo que más nos preocupa, porque no conocemos quién va a determinar qué es falso y qué es tergiversado, quién determinará qué noticia provoca zozobra, el monopolio de la verdad lo tiene el Gobierno, no lo sabremos nunca porque no tenemos acceso a la información”, señaló Oviedo, de la CPDH.
De ser aprobada la Ley de Ciberdelitos, los nicaragüenses se quedarían “sin derecho a informar y a denunciar (…), no se va a poder informar de ninguna manera, ni a través de información (oficial), ni de especulación, no se va a poder tener presunción, porque no vamos a tener derecho a obtener información”, advirtió Oviedo.
LEY CONTRA FONDOS EXTERNOS Y DONACIONES
En el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Sequeira destacó que “esta es problemática con los estándares internacionales, porque te limita a acceder a fondos extranjeros por trabajo o donación, establece como agente extranjero a personas que trabajan con la cooperación internacional y a las que reciben donaciones”.
Sequeira también indicó que la propuesta es “ambigua” porque sanciona “cualquier objeto de valor, (pero) quién va a determinar qué es un objeto de valor, esta ley es para cercenar derechos y limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”.
Según ha adelantado el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, los proyectos de ley podrían ser aprobados en cualquier sesión del Parlamento a partir del próximo día 13.
Las propuestas sandinistas han recibido un rechazo generalizado de diversos sectores, tanto dentro como fuera de Nicaragua, por su amplio margen de acción, en un país donde los opositores, la Iglesia católica, los medios de comunicación, entre otros, se han declarado «perseguidos» por el Gobierno.
Las especialistas anticiparon que, de aprobarse dichos proyectos, la CPDH recurrirá contra las mismas por inconstitucionalidad, y animaron a los nicaragüenses a que presenten sus propios recursos legales para objetar dichas propuestas.
Desde el inicio de la sangrienta crisis sociopolítica de Nicaragua, en abril de 2018, el Gobierno del presidente Daniel Ortega ha sido señalado de violar los derechos humanos, e incluso de cometer “crímenes de lesa humanidad”, tanto por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) como por el Grupo de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los informes del Meseni y el GIEI han sido respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y citados por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que sostienen que las condiciones en Nicaragua no han variado en los últimos dos años.
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