La furia se apoderó de las calles cuando el gobierno de Iván Duque propuso una reforma tributaria para financiar las arcas fiscales tras el impacto económico de la pandemia.
Por BBC
Esa reforma, duramente criticada por opositores y partidarios del gobierno, no logró ni el apoyo político ni el apoyo popular que pretendía conseguir, y terminó detonando un gigantesco estallido social.
Bajo la presión de las protestas, el ejecutivo se vio forzado a sepultar una reforma que, entre otras cosas, afectaba a la clase media y subía el gravamen a algunos productos de primera necesidad.
Así fue como las riendas del Ministerio de Hacienda quedaron en manos de un nuevo ministro, José Manuel Restrepo, quien ahora está a cargo de lograr el mayor consenso posible para sacar adelante una nueva reforma tributaria que no encienda la hoguera del descontento social.
Dificultades
Pero el camino está difícil. No solo por las distintas visiones sobre quiénes deben pagar la cuenta fiscal que ha dejado la pandemia, sino también porque el país lleva dos semanas sumido en el caos.
En las protestas han muerto al menos 27 personas, según la Defensoría del Pueblo, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que hay más de 40 víctimas fatales y cientos de heridos desde que comenzaron las movilizaciones.
Sindicatos y organizaciones sociales agrupadas en el Comité Nacional del Paro han participado en una reunión con el presidente Duque, la cual no generó ningún acuerdo.
Y como falta menos de un año para las elecciones parlamentarias y presidenciales, los políticos de todos los sectores están jugando sus cartas con mucho cuidado para no perder a su base electoral.
En ese contexto, agravado por una tercera ola de contagios que tiene a las Unidades de Cuidados Intensivos de los Hospitales casi al límite, el país buscará avanzar en la creación de una nueva reforma tributaria que le permita aumentar la recaudación fiscal tras un año de pandemia en quebajaron los ingresos y se dispararon los gastos.
Con la pandemia se disparó la deuda
Aunque no hay consenso sobre cómo debería ser una nueva reforma, en lo que sí está de acuerdo la mayoría de los actores sociales, políticos y empresariales es que el país necesita «con urgencia» aumentar sus ingresos fiscales tras una histórica contracción económica de 6,8% del Producto Interno Bruto, PIB, en 2020.
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