Las autoridades de Catar detuvieron a no menos de 60 trabajadores extranjeros, varios de los cuales fueron deportados, por manifestar en las calles de Doha para reclamar el pago de sus salarios, que llevan meses sin recibir, denunció este lunes el grupo de defensa de los derechos laborales Equidem.
La ONG británica fue puesta al tanto de la situación por uno de los obreros presos, quien logró comunicarse desde el centro de detención. Según su testimonio, en ese lugar había cerca de 300 colegas suyos, procedentes de Bangladés, Egipto, India, Nepal y Filipinas.
Las protestas tuvieron lugar el pasado 14 de agosto frente a las oficinas del conglomerado Al Bandary International Group, que participa en algunos de los proyectos de infraestructura para el Mundial de Catar 2022, que se celebrará en noviembre. La intersección de una avenida resultó bloqueada por decenas de personas, que en su mayoría llevaban siete meses sin recibir el pago por sus servicios, asegura Equidem.
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En un comunicado remitido a la agencia AP, el Gobierno catarí confirmó el arresto de «varios manifestantes» y argumentó que había sido por «violar las leyes de seguridad pública», pero no ofreció más información sobre el tema o respecto a las supuestas deportaciones. Por otro lado, la administración local reconoció que la empresa no había pagado los salarios y aseguró que el Ministerio del Trabajo se encargará de hacerlo, así como también hará efectivos los demás «beneficios atrasados» a los afectados.
«La compañía [Al Bandary International Group] ya estaba bajo investigación de las autoridades por no pagar salarios y ahora se tomarán más medidas, tras imponerse un plazo para acordar los pagos que no había cumplido», aseveró el Gobierno.
Estos hechos, que se producen cuando apenas faltan tres meses para que Doha acoja la Copa del Mundo, alimentan la preocupación de la comunidad internacional por las prácticas laborales de Catar, que ya han sido objeto de críticas en el pasado, particularmente en el marco de las obras para el máximo evento del fútbol. Al igual que otras naciones del golfo Pérsico, Catar ya ha recurrido antes a la deportación de trabajadores que protestan. De acuerdo con la ONG Freedon House, con sede en Washington, el derecho de formar sindicatos es estrictamente controlado y se limita a los ciudadanos cataríes.
Equidem aseguró en un reciente informe que los trabajadores migrantes han sido objeto en ese país de «explotación laboral grave» y «violaciones de derechos humanos». Sometidos a una vigilancia intensiva y al control del empleador, la mayoría guarda silencio porque teme las represalias por defender sus derechos e intereses, señala la entidad.
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