Considerados como un delito de especial gravedad, están incluidos entre los cuatro crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) anunció este lunes a través de un informe que ha encontrado fundamentos razonables para creer que al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del régimen de Nicolás Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos en Venezuela.
Los crimen de lesa humanidad son considerados como un delito de especial gravedad, como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de población, la privación grave de libertad o la tortura, que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Este tipo de delitos están incluidos entre los cuatro crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, junto al crimen de genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y como tales, desde 1968 se ha establecido su imprescriptibilidad.
Pues bien, el TPI enumeró en el documento las fuerzas de seguridad del régimen chavista cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: “la Policía Nacional Bolivariana; (”PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.
Dicho informe también menciona a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
De igual modo la persecución política también se incluye en el documento presentado por la fiscal general Fatou Bensouda, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
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