El jefe de una cárcel de Ecuador fue asesinado el domingo en medio de un referendo para establecer la extradición y endurecer penas contra el crimen organizado, que se desarrolla bajo un clima de terror por la muerte a tiros de dos alcaldes esta semana, la imparable violencia y una crisis eléctrica.
AFP
Damián Parrales, director de la cárcel conocida como El Rodeo de la costera Portoviejo (suroeste), fue «víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida», informó el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI) en un comunicado.
En Ecuador, las penitenciarías son centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre reclusos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.
Parrales, quien había asumido el cargo hace cinco días, fue baleado mientras almorzaba con su familia en un restaurante del poblado de Jipijapa (cerca a Portoviejo), según medios locales.
El crimen empaña la consulta popular, a la que 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, que coquetea con la reelección en febrero próximo.
En el sur minero dos alcaldes fueron asesinados entre miércoles y viernes. Hace un mes también mataron a la jefa municipal de un balneario en el Pacífico.
Una docena de políticos han muerto a tiros desde 2023, cuando los homicidios treparon al récord de 43 por cada 100.000 habitantes frente a 6 en 2018.
Noboa sufragó en el poblado costero de Olón (suroeste) bajo un fuerte resguardo militar y recibirá en Quito los resultados de un conteo rápido del Consejo Electoral previsto para esta noche.
– Oxígeno para Noboa –
El referendo «definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado», dijo temprano en la inauguración de la jornada, que concluirá hacia las 17H00 locales (22H00 GMT) tras diez horas de votación.
La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo, cuando la Constitución la prohíbe. Un 59% del electorado estaba de acuerdo, según la investigadora Comunicaliza, en un país con voto obligatorio.
La población fue consultada sobre este asunto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.
La profesora Alexandra Rocha, de 25 años, votó a favor de la extradición. «Siento que las leyes aquí no son suficientemente fuertes como para que las personas que cometen un delito paguen por lo que están haciendo», justificó.
De 36 años y elegido en atípicos comicios para 18 meses (hasta mayo de 2025), Noboa incluyó preguntas sobre la ampliación de las funciones de los militares en la lucha contra el crimen y el aumento de las penas para delitos como narcotráfico.
Sondeos estimaban que el Sí triunfará hasta con 65% de la votación, en un contexto de masacres en las calles, violencia política, creciente poderío de los narcotraficantes y una crisis eléctrica.
La oposición rechazaba principalmente establecer el contrato de trabajo por horas y reconocer al arbitraje internacional para resolver controversias.
«Que gane el Sí, al presidente Noboa le representa más oxígeno de popularidad, de aceptación», manifestó a la AFP el coordinador de Ciencia Política de la privada Universidad San Francisco, Pablo Medina.
Con una popularidad de 69%, Noboa declaró la guerra a las organizaciones ligadas a carteles de México y Colombia tras una violenta arremetida en enero, con una veintena de muertos.
Entonces decretó el estado de conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas «terroristas» y «beligerantes».
– «Desastre total» –
El viernes, el gobierno reveló una lista de «objetivos militares» encabezada por capos mexicanos y colombianos.
En Colombia, el barón de la cocaína Pablo Escobar libró una lucha sin cuartel contra el Estado para evitar la extradición a Estados Unidos, marcada por una ola de coches bomba, secuestros y asesinatos.
Noboa militarizó desde enero las cárceles, centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.
La mano dura ha reducido el índice de homicidios de acuerdo con el gobierno; pero la violencia se recrudeció en el último mes.
«Todo voté no, no estoy conforme con este tipo de gobierno, nos ha llevado a un desastre total» y la extradición «no sirve para nada», manifestó a la AFP Dulce Negrete, de 61 años y empleada privada.
En el último tramo de la consulta apareció una crisis energética. El gobierno sostiene que, además de la sequía que empezó en marzo, hubo sabotaje y corrupción que afectaron la operación de centrales hidroeléctricas.
Ante la emergencia, el Ejecutivo dio asueto obligatorio el jueves y viernes, y aseguró que habrá luz este domingo.
Seis de las preguntas van dirigidas a reformas legales (consulta popular) y cinco a enmiendas constitucionales (referendo). La mayoría persigue dar un inédito protagonismo a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco.
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