El Gobierno británico evalúa recurrir a la colocación de dispositivos electrónicos para controlar a aquellos inmigrantes que entran indocumentados en el Reino Unido a fin de evitar su fuga.
La ministra británica de Interior, Suella Braverman, dijo hoy a la BBC que desde el Ejecutivo “se están valorando todas las opciones” para poder “ejercer algún control” sobre aquellos solicitantes de asilo que cruzan al Reino Unido de forma irregular a través del canal de la Mancha en botes pequeños.
La política conservadora fue preguntada por una información que sacó primero el diario The Times, que reveló los supuestos planes que estudia el Gobierno de Rishi Sunak para obligar a llevar dispositivos electrónicos a los migrantes que entran indocumentados y que no pueden ser alojados de manera temporal en centros de detención del país por falta de espacio.
Braverman aludió en este sentido a la reciente implementación de nueva legislación “de referencia”, la llamada Ley de Migración Ilegal, lo que les confiere “poder para detener a quienes lleguen aquí de manera ilegal y llevarlos con prontitud a un país seguro como Ruanda”.
La ministra admitió que desde el Gobierno “se están valorando todas las opciones”.
Por esa Ley de Migración Ilegal, el Gobierno tiene una obligación legal de detener a aquellas personas que accedan a este país de forma irregular y echarlas bien a Ruanda -con quien tiene un acuerdo- o a otro tercer país “seguro”. Entre los cambios introducidos recientemente también figura la utilización de barcos para retener a los migrantes.
No obstante, The Times señaló que la escasez de plazas de alojamiento para esos solicitantes de asilo llevan al ministerio británico de Interior a explorar otras alternativas.
Según una fuente filtrada por ese diario, aunque se aboga principalmente por incrementar los espacios de los centros de detención, el Home Office no ha desechado la opción de recurrir a dispositivos electrónicos.
Por otro lado, el gobierno espera de que la Justicia termine de dirimir la legalidad del plan de expulsión a Ruanda, que fue duramente criticado desde organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, incluida la ONU.
A finales del pasado junio, más de 175.000 personas aguardaban a conocer una decisión sobre su solicitud de asilo, un 44 % más de migrantes en esa situación frente a los 122.213 registrados hace un año, lo que tiene un coste anual para el contribuyente de casi 4.000 millones de libras (4.600 millones de euros).
Ese incremento ha sido impulsado por los solicitantes de asilo que cruzan al país por el Canal de la Mancha en pateras -19.000 en lo que va de año- y que tramitan su solicitud de asilo a su llegada al Reino Unido.
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