Nicaragua conmemoró este lunes el Día Nacional del Periodista en un ambiente de intimidación, censura y violencia contra los periodistas de parte del Gobierno que encabeza Daniel Ortega. Desde abril de 2018, cuando se produjeron manifestaciones antigubernamentales, el régimen ha llevado a cabo una larga lista de vejaciones contra el periodismo nicaragüense, que ha incluido la confiscación de salas de redacción, allanamientos a hogares de periodistas y continuo hostigamiento contra redactores y directores de medios. Un panorama alarmante, como lo califican organismos internacionales de derechos humanos, que puede recrudecerse en año electoral. Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alerta de un “eterno agravamiento” de las violaciones contra el periodismo en el país centroamericano. “Cuando creemos que ya hay un fondo en el deterioro de las garantías, registramos un hecho adicional que confirma que la situación puede ser peor”, afirma Vaca en esta entrevista con EL PAÍS.
Por EL PAÍS
Pedro Vaca asumió la relatoría en octubre pasado y desde entonces él y su equipo han dado seguimiento continuo a las denuncias sobre hostigamiento a los periodistas. El último hecho ocurrió el fin de semana, cuando Carlos Fernando Chamorro, director de la revista Confidencial, denunció una nueva agresión contra integrantes de su equipo cuando cubrían un acto de un aspirante a la candidatura presidencial por la oposición. Los policías retuvieron a los periodistas e incluso decomisaron sus libretas. “Condenamos el cateo policial contra los periodistas de Confidencial. Hacer periodismo es un derecho. El espionaje policial es un delito”, denunció Chamorro, quien ha sufrido personalmente la persecución del Gobierno, después de que en diciembre de 2018 asaltó y confiscó la redacción de su revista, hoy convertida en una clínica materna.
“Veo una situación extremadamente preocupante para la libertad de prensa y en general para el ejercicio de las libertades civiles en Nicaragua. En ese panorama uno puede hablar de un despliegue de mecanismos muy sofisticados de censura”, explica Vaca en entrevista telefónica. “Nicaragua es uno de los países de la región donde es común ver fuerzas policiales acosando, asediando a periodistas y medios de comunicación. En este uso de la fuerza contra la prensa también encontramos la ocupación forzosa de instalaciones de medios de comunicación y allanamientos sin ningún tipo de asidero legal a residencias de periodistas en distintos lugares del país. Esto es grave, pero contrasta con un periodismo muy resiliente, valiente, que se niega a ceder ante presiones de censura”.
Una de las preocupaciones de la relatoría es la manipulación de la justicia por parte del Gobierno de Ortega, que la usa como arma para intimidar y castigar a las voces críticas. “No solo hablamos de una crisis de derechos humanos, sino que esa crisis ocurre en un entorno de erosión significativa del Estado de derecho”, dice Vaca. El relator hace referencia al caso del asesinato del periodista Ángel Gahona, ocurrido en 2018 cuando transmitía por Facebook un enfrentamiento entre las tropas de antidisturbios y los manifestantes, para mostrar el doble rasero de la justicia nicaragüense. El reportero recibió un disparo en la cabeza. Los colegas de Gahona en Bluefields repudiaron el asesinato y culparon a la Policía Nacional, que desató el acoso e intimidación contra los reporteros que fueron testigos del hecho.
El crimen del periodista ha quedado en la impunidad y es una muestra del nulo interés del sistema judicial nicaragüense en esclarecer los hechos violentos contra reporteros y críticos con el Gobierno. “Mientras se tiene un poder judicial lento, que no se ha aproximado a esclarecer este caso, que lo mantiene en la impunidad, que también es lento para procesar los reclamos judiciales por la usurpación y confiscación de sedes de medios de comunicación, ese poder judicial muestra rapidez para condenar a periodistas por la publicación de informaciones de alto interés público, en contravía de los estándares interamericano sobre límites a la libertad de expresión”, afirma Vaca. “No nos explicamos por qué la justicia es lenta para balancear o por lo menos analizar acciones arbitrarias como es la usurpación de sedes de medios de comunicación o esclarecer casos de asesinatos a periodistas y en cambio es exageradamente rápida para sancionar a voces disonantes”, agrega.
En ese contexto de represión contra la prensa los periodistas de Nicaragua se enfrentan a un año que plantea un nuevo reto en su profesión: la cobertura de un proceso electoral con Daniel Ortega controlando todas las instituciones y sin dar muestras de querer dejar el poder. Vaca afirma que teme que el acoso contra la prensa se recrudezca, sin que los reporteros tengan garantías de protección. “Hay una creciente estigmatización a los medios desde voces oficiales y en cargos de responsabilidad, que en sí mismo es antidemocrático, pero termina animando a algunos sectores de la sociedad afines a las autoridades a tomar acciones intimidantes contra periodistas. Aquí se ubica una variable muy preocupante para nosotros, que es la eventual normalización de este contexto. Tememos que se puedan normalizar como regla la censura y el ambiente intimidante, la autocensura y el miedo”, advierte Vaca.
El relator de la CIDH destaca, sin embargo, el coraje de los periodistas nicaragüenses, que siguen informando a pesar de la violencia que sufren: “Ser periodista en Nicaragua implica una alta dosis de valentía y de compromiso cívico y mientras eso exista no va haber iniciativa de restricción que pueda silenciarlos. Implica una labor muy difícil, porque los costos personales, familiares, gremiales y sociales de hacer periodismo en un entorno tan restrictivo son enormes. Estoy absolutamente seguro que la reconstrucción a las garantías de las libertades civiles, que ojalá vuelvan a Nicaragua más pronto que tarde, va a pasar por la existencia y la permanencia del periodismo”.
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