La petrolera Repsol aseguró este viernes haber llegado a un acuerdo con cerca del 90% de los afectados por el derrame de 11.900 barriles de crudo ocurrido hace más de un año en el norte de las costas de Lima.
«Se han firmado acuerdos de compensación total con casi 9.000 personas de diversas actividades (…) Esta cifra se acerca al 90% del padrón único de afectados elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e Indeci», aseguró la empresa española en un comunicado.
El Padrón Único de Afectados cifra en 10.273 las personas que deben ser compensadas por los efectos del derrame, según los datos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Entre los afectados hay cerca de 2.800 pescadores artesanales y centenares de comerciantes, hosteleros, sombrilleros, heladeros y otros profesionales que viven del mar de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucallama y Chancay y que, según distintos factores, han llegado a diferentes acuerdos económicos con la empresa.
Por su parte, la ONG CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL) presentaron una demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Repsol a fin de evitar una deducción fiscal sobre los gastos de descontaminación de la empresa.
«Que los que contaminen paguen lo que corresponde», defendió la ONG este viernes en un comunicado para que Repsol no «se vea beneficiada con una interpretación indebida que han venido aplicando las autoridades tributarias y que permite a las empresas irresponsables deducir del pago de impuestos los gastos de la descontaminación».
La contaminación de las costas
Repsol aseguró que, de acuerdo con el estudio concertado con la consultora Environmental Resources Management, no encontraron «compuestos orgánicos derivados de hidrocarburos» en ninguna muestra recogida a especies marinas halladas en las zonas del derrame.
«Las condiciones del mar y de la fauna marina son aptas para la reactivación de la pesca artesanal», argumentó Repsol, que también solicitó a las autoridades peruanas que ratifiquen «la condición saludable de los recursos hidrobiológicos en la zona».
Pese a estas peticiones de la petrolera, el estudio realizado el pasado marzo por el Ministerio de Ambiente (Minam) certificó que 24 zonas marino-costeras de Lima «aún tienen presencia de hidrocarburos».
Tras la evaluación en las zonas impactadas por el derrame, «un total de 20 formaciones costeras (entre playas, acantilados, puntas, islas e islotes) y 4 áreas de mar adentro exceden los estándares de calidad ambiental», enfatizó el Minam en un comunicado.
El derrame de crudo tuvo lugar el 15 de enero de 2022, cuando el buque petrolero italiano Mare Doricum descargaba el hidrocarburo de la terminal 2 de La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla, ubicado unos 20 kilómetros al norte de Lima.
A raíz de esta fuga, que Naciones Unidas calificó como «el peor desastre ecológico en la historia del país», el litoral limeño recibió el vertido de unos 10.396 barriles de crudo, según datos de Repsol, mientras que las autoridades peruanas aseguran que fueron 11.900 barriles.
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