Sebastián Piñera parece ser uno de las figuras más afectadas por su aparición en los Pandora Papers. Al punto que la oposición ya avisó que avanzará en un pedido de juicio político para su destitución.
Por Cristián Torres– Infobae
Los cálculos de los expertos advierten que la acusación sería aprobada en la cámara de Diputados, pero en la cámara alta se podría frenar por un estrecho margen. Así, la idea de inhabilitar al primer mandatario tras el escándalo por la venta de una minera de su propiedad a un amigo utilizando una cuenta las Islas Vírgenes Británicas podría quedar sin efecto
La oposición política de Chile espera presentar la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera la próxima semana. En adelante, el camino será su discusión en la cámara de Diputados y el Senado.
La preparación de la acusación
Según miembros de la oposición política de Chile, la determinación final sobre si es inhabilitado Piñera, pasará específicamente por los argumentos del documento jurídico constitucional. Una argumentación que ya trabaja un grupo de abogados de algunos parlamentarios de Chile.
El equipo jurídico encargado de diseñar la Acusación Constitucional contra el primer Mandatario chileno definió los primeros lineamientos del documento. Para eso, lo primero fue revisar la viabilidad jurídico – constitucional de la acción política que busca inhabilitar de sus funciones a Piñera. Se tarta de un equipo de 12 personas, en su mayoría abogados y que se conocen entre sí ya que trabajan desde hace años con los distintos comités de la centroizquierda chilena. Incluso algunos tienen experiencia anterior al haber compartido en las distintas facultades de Derecho, como estudiantes o en la relación profesor-alumno.
En distintas entrevistas dadas a medios nacionales, internacionales e incluso sus propios contratantes, parlamentarios de la centroizquierda, han dado a conocer detalles de lo que será el contenido del texto.
La primera tarea, fue revisar la veracidad de los antecedentes revelados por la investigación periodística internacional que terminó con el caso Pandora Papers. Tras recibir el encargo de los parlamentarios, el equipo de abogados se dedicó a recopilar la mayor cantidad de evidencias que sustenten las menciones que ahí se hacen sobre Piñera. La principal tesis de la acusación se basaría en la decisión del comité ambiental de aprobar la instalación del proyecto minero Dominga, y cuestionarlo como un acto administrativo a cargo del Presidente.
Si la tesis se establece en que la indagatoria alude a una intervención en el traspaso de sus acciones por 152 millones de dólares a su amigo y también empresario Carlos Alberto Délano en las Islas Vírgenes Británicas. Entonces la condición del pago de la tercera y última cuota de la venta de la minera en la que supuestamente habría intervenido directamente el Jefe de Estado, sería una de las pruebas de esta acción.
Los tiempos políticos
Los tiempos están muy apretados. Así lo piensan quienes integran el equipo jurídico. Pero los calendarios políticos hacen que se apure al máximo la presentación, debido a que en la agenda legislativa hay otras discusiones de alto interés, como el retiro del cuarto 10% de los fondos de pensiones y la discusión del presupuesto 2022. Los parlamentarios esperan contar con el documento acusatorio el próximo lunes 11 de octubre, que será feriado en Chile.
En el equipo están los abogados Enrique Aldunate, conocido en el Congreso por representar al Partido Socialista en distintas comisiones, redactando otras acusaciones y en algunas reclamaciones frente al Tribunal Constitucional y el ex ministro de la Segpres (agosto 2017-marzo 2018) durante el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y ex subsecretario de la cartera en la misma administración entre 2016 y 2017, Gabriel de la Fuente, también con vasta experiencia en el tema. Junto a ellos están la abogada de la Universidad de Chile, Javiera Ascencio quien trabaja desde el inicio de este período legislativo asesorando a los representantes de Revolución Democrática e integrante de la Fundación Rumbo Colectivo y Renato Méndez -también de la U. de Chile- enviado por el diputado Tomás Hirsch (independiente). También está Luis Felipe Ramos, quien presidió el Partido Liberal, y es uno de los firmantes del acuerdo que permitió el proceso constitucional, y actualmente trabaja como asesor legislativo de sus dos diputados, y Francisco Castillo quien se desempeña por más de dos períodos como asesor del PPD. Además de Pablo Chacón quien es el asesor coordinador de la bancada del Partido Comunista y Carlos Musri quien es el abogado de los diputados de la misma colectividad política. René Canales quien trabaja hace más de siete años asesorando y siendo parte del equipo de los diputados del PPD y Carolina Allende quien es abogada de la Universidad de Valparaíso y ejerce en la bancada falangista desde el 2016, son parte de esta mesa de trabajo.
La defensa de sus aliados políticos
A través de una carta publicada este jueves en el diario El Mercurio, bajo el título de “Acusación Constitucional”, 50 ex ministros y ex subsecretarios criticaron el proyecto de Acusación Constitucional impulsado por la oposición política contra el Presidente Sebastián Piñera. En ella advierten que se trata de “un atentado a la estabilidad institucional del país”. Entre los firmantes de la misiva aparecen: Evelyn Matthei, Jaime Mañalich, Joaquín Lavín, Isabel Plá, Juan Andrés Fontaine, María José Zaldívar, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Teodoro Ribera y Soledad Arellan, todos, destacados personeros políticos que alguna vez fueron parte del equipo ministerial de Piñera.
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