Al menos seis opositores fueron capturados este lunes en Nicaragua, luego de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, revelara en Ginebra que la crisis en la defensa de éstos continúa en el país centroamericano, y que esta circunstancia también incide en la respuesta que da el Gobierno a la pandemia de la COVID-19.
EFE
Además de las capturas, la Policía de Nicaragua realizó asedios y allanamientos contra opositores en Managua, Bluefields (Caribe), Nueva Segovia (norte), y Camoapa (centro), según denunciaron diferentes organizaciones de opositores, y defensores de los derechos humanos.
En su informe, Bachelet hizo referencia a 94 opositores arrestados en el marco de la crisis sociopolítica que comenzó en 2018, cuando manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega fueron reducidas con ataques armados, que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos.
La alta comisionada también refirió que el Gobierno nicaragüense mantiene su negativa a superar la crisis a través de un diálogo, ejecuta violaciones a la libertad de expresión, y maneja la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 con falta de transparencia, poca difusión de información, y despidos de personal médico.
Horas después de conocerse el informe en Nicaragua, la Policía Nacional capturó a los opositores Danny García, Bayardo García, y Lenín Salablanca, este último, conocido por transmitir videos en vivo casi todas las semanas, cada vez que agentes de seguridad lo detienen en su motocicleta por supuestamente cometer delitos, que hasta ahora no han comprobados.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la “detención arbitraria en contra del excarcelado Lenín Salablanca, la Policía llegó a casa de su mamá, invadieron la propiedad, y se lo llevaron por la fuerza”.
Adicionalmente fueron capturadas una hermana, una prima, y la esposa de Salablanca, Cristel Pérez, cuando llegaron a la estación policial de la ciudad de Juigalpa (centro) para conocer del opositor, quien ya había estado preso durante diez meses entre 2018 y 2019, tras participar en protestas antigubernamentales, confirmaron los familiares.
Las muertes, capturas y asedio contra opositores, son comunes en Nicaragua desde el estallido contra Ortega en 2018, en lo que Estados Unidos ha llegado a referirse como la “política de cárcel, exilio o muerte”.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis nicaragüense dejó al menos 328 muertos en 2018. Organismos locales cuentan 684 víctimas mortales hasta ahora. Ortega admite 200, pero sostiene que fue víctima de un “golpe de Estado fallido”.
Nicaragua no vivía una crisis similar desde 1980 a 1990, también con Ortega siendo presidente.
Hasta el momento, el Gobierno nicaragüense no se ha pronunciado con respecto al pronunciamiento de Michelle Bachelet.
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