Las elecciones presidenciales de este domingo en Perú han captado la atención internacional por lo que está en juego: unos 25 millones de ciudadanos irán a las urnas a escoger entre Keiko Fujimori, la hija del exdictador Alberto Fujimori –condenado y preso por delitos de lesa humanidad–, y el profesor Pedro Castillo, el campesino al que muchos le temen porque lo vinculan con el chavismo y creen que llegaría a implantar el socialismo en el vecino país.
La más reciente encuesta de Ipsos evidencia un empate técnico entre ambos candidatos de cara a la segunda vuelta, pues Castillo lidera ligeramente la intención de voto con el 51,1 por ciento, mientras que Fujimori le respira en la nuca con el 48,9 por ciento. La candidata del partido Fuerza Popular ha venido creciendo de manera sostenida y ha recibido respaldos fundamentales e impensables del establecimiento peruano, como el del premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien la considera un “mal menor” para salvar al país del “totalitarismo”.
La decisión del laureado escritor sorprendió al mundo, pues Vargas Llosa es un antifujimorista consumado y, de hecho, fue contrincante directo de Fujimori en las elecciones de 1990. Su postura es compartida por millones de peruanos que opinan que, en estos momentos, Keiko es la única garantía para que Perú siga transitando por la economía de mercado. Todo ello a pesar de los crímenes de su padre, de los problemas judiciales que enfrenta por el escándalo de Odebrecht y de su polémico desempeño en el Congreso.
Pero está claro que un sector del electorado peruano está dispuesto a perdonarle a Keiko sus pecados y los de su padre con tal de evitar la llegada de Castillo, quien podría seguir un libreto similar al de Evo Morales en Bolivia. El nombre del líder sindicalista, quien ganó la primera vuelta con el 19 por ciento de los votos, asusta a un ramo empresarial porque podría apostar por un modelo que persiga la inversión privada, la banca, las concesiones mineras, y busque nacionalizar la economía, siguiendo el mal ejemplo de los que han llevado al colapso a naciones como Venezuela.
“Bienvenida la inversión privada; pero con reglas claras, que no abusen de los trabajadores”, advirtió Castillo en un reciente debate en televisión, donde salió a flote su escasa formación profesional, especialmente, en materia económica.
El candidato, que usa como símbolo de campaña un lápiz dado su pasado como maestro, ha advertido que propondrá redactar una nueva constitución, aumentar el presupuesto para la agricultura, defender y conservar el medioambiente, cambiar el modelo de economía social de mercado por uno popular con mercados, modificar el papel del Estado supervisor por un “Estado interventor, planificador e innovador” y hasta renegociar el reparto de las utilidades de las empresas extractivas transnacionales.
Su apuesta consiste en aumentar la inversión en educación del 3,5 por ciento al 10 por ciento del PIB. No obstante, uno de los rasgos de la personalidad más preocupantes de Castillo es su talante extremadamente conservador en materia de derechos, pues se ha mostrado abiertamente en contra de la legalización del aborto y del matrimonio igualitario.
En el caso de Fujimori, sus propuestas pasan por aumentar el salario mínimo, reducir los precios de la gasolina, ordenar exoneraciones tributarias para varios sectores de la economía e impulsar créditos para pequeños y medianos empresarios, además de disminuir las tarifas de energía. Así mismo, plantea triplicar la inversión del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria y, al igual que Castillo, se comprometió a acelerar la vacunación contra la covid-19.
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