El gobierno de los Estados Unidos ha puesto en vigor a partir de este martes nuevas regulaciones para reducir sustancialmente la cantidad de personas que piden asilo en su frontera sur. La iniciativa se enmarca dentro de la política de la Administración del presidente Donald Trump que busca frenar la llegada masiva de inmigrantes.
POR MARIO J. PENTÓN, Nuevo Herald
Según los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, la nueva regulación impedirá pedir asilo a quienes en su travesía hacia Estados Unidos hayan transitado por un tercer país que consideran “seguro” antes de presentarse en la frontera sur. Es decir, si la persona salió de Cuba a Panamá o Nicaragua y desde allí emprendió la travesía hacia EEUU, puede que no califique para pedir asilo.
Estados Unidos tiene convenios con Canadá respecto a “tercer país seguro” y ha intentado que México y Guatemala asuman esa categoría, pero hasta el momento no lo ha logrado. El gobierno mexicano ha dicho que no se convertirá en tercer país seguro para los migrantes centroamericanos y condenó la política de Trump.
Tampoco calificarían aquellos inmigrantes que residieron legalmente en terceros países seguros y que luego buscaron solicitar asilo en la frontera estadounidense. Esta medida afecta directamente a miles de cubanos y haitianos que han estado residiendo en países como Chile, Ecuador y Uruguay y que después pidieron asilo en la frontera de Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha asegurado que impugnará la nueva regulación en los tribunales. También la Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, ha mostrado preocupación por lo que significa la regulación, en términos de que limitaría el acceso al asilo a los inmigrantes centroamericanos y caribeños.
“Esto pondrá en peligro a las personas vulnerables que necesitan protección internacional contra la violencia o la persecución”, dijo Acnur en un comunicado.
Aunque la nueva normativa entró en vigor este lunes, al ser objeto de una demanda podría ser suspendida por un juez mientras se realiza el estudio de la misma. También podría terminar suspendida en caso de que los tribunales fallen a favor de los demandantes.
“La administración Trump está tratando de revertir unilateralmente el compromiso legal y moral de nuestro país para proteger a las personas que huyen del peligro. Esta nueva regla es evidentemente ilegal. Vamos a demandar rápidamente”, dijo la ACLU en un comunicado.
La nueva regla establece también algunas excepciones importantes: aquellos solicitantes de asilo que puedan demostrar que ya han pedido refugio en un tercer país y se les ha negado podrían calificar para iniciar su proceso de asilo en Estados Unidos. También mantendrían la posibilidad de pedir asilo aquellos migrantes que puedan demostrar ser víctimas “de una forma grave de trata de personas”.
La última excepción se refiere a los inmigrantes que puedan demostrar que no han pasado por países signatarios de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo de 1967 o la Convención contra la Tortura. México y Guatemala forman parte de estos protocolos y convenciones, por lo que no calificarían los migrantes que hayan pasado por esos territorios, básicamente todos los que llegan a la frontera sur.
La frontera sur de Estados Unidos vive una crisis por el elevado número de solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica y el Caribe. En el año fiscal 2018 —que comprende 12 meses entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente— las autoridades de EEUU aprehendieron a 404,142 migrantes, aproximadamente un 15 por ciento más que el año anterior, según cifras oficiales.
La Patrulla Fronteriza también ha resaltado en sus informes la llegada creciente —un 42 por ciento más que el año anterior— de familias completas que piden asilo y de menores no acompañados.
La custodia de los inmigrantes que piden asilo y los mismos procesos legales son muy costosos y en muchas ocasiones son sufragados por el Estado. Recientemente se reveló que un centro para niños inmigrantes no acompañados en Texas gasta en la custodia de 220 menores unos $174,375 diarios.
Con información Nuevo Herald
